Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, retomó la persecución contra organizaciones rivales al ordenar la confiscación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), la principal escuela de negocios del país.
El régimen de Daniel Ortega decretó su cierre al argumentar que incumplió sus obligaciones en torno a registros de gastos y transparencia desde el 2020.
La orden de esta apropiación, ante la comunidad internacional, se llevó a cabo con apoyo de la Policía sandinista que tomó el control del plantel que tiene más de cinco décadas de trayectoria, ubicado en Managua.
Dicha acción anticipa el traspaso de los bienes e inmuebles del sector al poder, repitiendo la dosis contra organizaciones políticas, sin fines de lucro y hasta religiosas, para sacar del país a todos aquellos que considera oposición.
Dada la constante ola de autoritarismo en la región, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le puso la lupa al presidente Ortega, pues durante el año pasado anuló la personalidad jurídica de más de tres mil organizaciones civiles, además de clausurar más de 20 medios de comunicación, algunos vinculados a la Iglesia católica.
Según el último informe de la Lista Mundial de Persecución (LMP) desde hace cinco años, grupos religiosos son foco de vigilancia, calumnias y hasta censura por parte del jefe del Ejecutivo, lo que desató que les arrebatara sus estaciones de radio, en las que los opositores opinaban contra el gobierno que consideran se convirtió en una dictadura.
