Daniel Ortega recurrió por segundo año consecutivo al asedio y vigilancia a opositores, como en las presidenciales del 2021, con miras a retener o aumentar su poder en las elecciones municipales.
Desde la apertura de centros de votaciones en Nicaragua, críticos del gobierno sandinista y organizaciones como Urnas Abiertas denunciaron la permanente represión y actos de asedio.
La organización reportó que al cierre de la jornada electoral se contabilizaron 17 arrestos, estrategia que comenzó desde el pasado 1 de noviembre, y destaca la captura de Randall Barbosa, sobrino de la presa política Nidia Barbosa
Asimismo, hubo acusaciones de acarreo en vehículos oficiales para votar por líderes sandinistas. Al salir de estos puntos se les obligaba a presentar foto del voto y hasta selfie con el pulgar marcado de que cumplieron la norma.
Se detectó que en su mayoría eran funcionarios y sus familiares ante la presión del régimen, hecho que no evitó que por horas los centros lucieran vacíos, pues opositores se negaron a participar en la nueva farsa electoral, mientras que otros no pudieron ejercer su derecho, pues los eliminaron de la lista de votantes al ser considerados presuntos golpistas.
