El régimen de Daniel Ortega sumó a la Cruz Roja nicaragüense en su lista de rivales al disolverla bajo la justificación de que “atentó contra la paz”.
Con un voto unánime, el Parlamento centroamericano canceló la operación de dicho ente que se creó en la década de los 50 en el país, con lo que evidencia que sigue cobrando facturas por la afrenta del 2018, pues se determinó que dicha asociación transgredió la ley al actuar contra la estabilidad nacional durante las peores protestas registradas durante la gestión del orteguista.
Para garantizar la desaparición de la Cruz Roja los legisladores detallaron que ésta incumplió sus obligaciones al no revelar sus ingresos, acto que el régimen usa para someter a sus críticos al tacharlos de “agentes extranjeros”, por recibir dinero de gobiernos que intentan derrocarlo.
La medida contempla, según los promoventes, que ahora sus instalaciones serían transformadas en una institución dependiente del Ministerio de Salud, lo que recuerda que esa nación ha tomado el control de universidades, medios de comunicación y hasta organizaciones sin fines de lucro tras arrebatarles su personalidad jurídica.
En respuesta, activistas denunciaron la arremetida contra órganos que brindan asistencia humanitaria. El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) tachó esta decisión de “terrorismo de Estado”.
