El Tribunal Constitucional de España avaló la reforma legal de 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin el permiso de sus padres o tutores.
La decisión fue basada en el borrador de una sentencia redactada por la magistrada Laura Díez, que establece que esta norma es constitucional; sin embargo, la mayoría de progresista en el recinto había rechazado el recurso presentado por los diputados de Vox —partido de ultraderecha— contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificó una ley que data en 2010.
Esta decisión significa un apoyo a los derechos reproductivos de las adolescentes, permitiéndoles tomar decisiones sobre sus propios cuerpos sin necesidad de contar con el consentimiento paterno; sin embargo, la decisión no fue unánime, lo que evidencia que aún hay sectores renuentes a la interrupción legal del embarazo.
Los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez, del ala conservadora del tribunal, anunciaron un voto particular en contra de la decisión de la mayoría.
Postura a la que se sumó Vox, liderado por Santiago Abascal, al argumentar que la ley vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, así como los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.
En febrero de 2023, el Congreso aprobó definitivamente una reforma para garantizar a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de un permiso paterno. Este aspecto no fue abordado por el Tribunal Constitucional en 2023 cuando resolvió el recurso del PP contra la ley de 2010, ya que el gobierno entonces de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.
Además de permitir el aborto sin mayores requisitos, la reforma eliminó un plazo de tres días de reflexión obligatorios y blindó el aborto frente a protocolos que rechaza esta medida, como el propuesto por Vox en Castilla y León.
Esta decisión refuerza los derechos de las jóvenes a decidir en torno a su salud reproductiva, un paso significativo en la lucha por la igualdad de género y los derechos individuales en España, mientras en otras naciones se imponen medidas cada vez más restrictivas para la interrupción legal de un embarazo.
JVR
