A escasas semanas de las elecciones en Chile, la oposición mueve sus fichas y apunta a un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por sus vínculos en la venta irregular de la Minera Dominga en un paraíso fiscal, evidenciada por la investigación de los Papeles de Pandora, hecho que el Gobierno calificó como una treta electoral.
Todas las bancadas de oposición se unieron para buscar, por segunda ocasión, un proceso constitucional en contra del exempresario, a dos años del primer intento por graves violaciones a derechos humanos, ahora por corrupción bajo el argumento de que Piñera abusó de su cargo para “infringir abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación”, según el diputado Jaime Naranjo.
Su compañero Gabriel Ausencio refirió que el expediente Pandora, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), es muy claro acerca de la responsabilidad del líder en torno a la compraventa en las Islas Vírgenes de acciones de esa compañía por más de 150 millones de dólares a su amigo el empresario Carlos Alberto Délano, divididos en tres pagos, cuando existen datos de otra transacción, pero por un monto menor.
La petición, respaldada por 16 legisladores, y que retoma notas de prensa sobre presuntas irregularidades cometidas en el primer año como mandatario, inicia en la misma semana en que está previsto otro debate presidencial.
Líderes opositores buscan acelerar el proceso en el Congreso para llevar a un veredicto antes de los comicios del próximo 21 de noviembre, lo que implicaría un golpe al partido que respalda a Piñera, mientras la Fiscalía chilena investiga presuntos delitos fiscales, de cohecho y hasta soborno, caso que la misma presidencia sostuvo ya se investigó y sobreseyó en 2017, ante lo que la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Martha Herrera, advirtió que esta información es nueva, por lo que no existe relación con el caso anterior.
Previamente, ante la coyuntura electoral, ya se anticipaba un citatorio contra Piñera y el empresario Délano Abbot para aclarar lo divulgado en los Papeles de Pandora, delitos que presuntamente se cometieron antes de cumplir un año en el cargo en su segundo mandato.
Según los plazos previstos, se calcula que a más tardar en tres días el presidente sea notificado de la acusación —integrada en un expediente de casi 300 páginas— y una vez que ocurra esto, él y sus abogados tendrán 10 días para defenderse por escrito o presencialmente. El siguiente paso es que una comisión, ya conformada por cinco legisladores, defina en máximo seis días si avanza o no la petición.
De acuerdo con la legislación sudamericana para llegar al juicio se requiere el respaldo en primera instancia de la Cámara de Diputados, órgano en el que necesitan la mayoría absoluta —78 de los 155 integrantes— que podrían lograr ampliamente, pues en suma los bloques opositores tienen 83 votos.
Posteriormente pasaría al Senado, donde buscan el apoyo de dos terceras partes de los votos; es decir 19 de 43, paso que se ve más complicado.
De lograr ambas votaciones, la oposición podría destituir o inhabilitar a quien lleva dos mandatos presidenciales (2010-2014 y 2018-2021) en caso de hallar culpable a Piñera; sin embargo, si la medida es desechada, se da por concluida y no pueden volver a impulsar un juicio por el mismo caso.
En respuesta, el gobierno acusó que son tácticas electorales para golpear al mandatario sudamericano. El vocero presidencial, Jaime Bellolio, calificó esta artimaña como una de las peores de la disidencia al afirmar que no se justifica “hacer cualquier cosa con tal de ganar un par de votitos”, pues ese caso se basó en hechos que no son ciertos.
Y recordó que el mandatario se deslindó de las empresas familiares antes de asumir de nuevo el Gobierno, por lo que dicha operación no estuvo en sus manos.
También refirió que, más allá de una posible sanción contra Piñera, está en juego la democracia, pues el único resultado de esta acusación es un daño a ésta y a la transición prevista para marzo, cuando concluya la gestión de Piñera si no prospera este proceso.
Por separado, el ministro secretario de la presidencia, Juan José Ossa, calificó estas acciones como una medida jurídica “poco seria”.
SR & EASZ
