El Gobierno de Perú convocó a cuentas a sus embajadores en México y tres naciones de América Latina ante la intromisión en asuntos internos luego de que abogaron en reiteradas ocasiones por el presidente depuesto Pedro Castillo.
A unos días de que México, Colombia, Argentina y Bolivia cuestionaran en un comunicado conjunto la detención del aliado izquierdista y denunciaran supuesto hostigamiento desde antes del fallido golpe de Estado, la canciller andina, Ana Cecilia Gervasi, dijo que buscan conocer a fondo la postura de esas zonas en medio de una severa crisis en la que suman 15 muertos.
Y a nombre de la presidente Dina Boluarte confirmó que dialogará con los enviados que tiene en esas regiones para evaluar la postura ante las intervenciones que, aseveró, suponen un condicionamiento a su relación bilateral, amistad y respeto mutuo, pese a que dichos gobiernos reconocieron que el líder campesino cayó en el error presionado supuestamente por la oposición.
El aviso andino se da horas después de que la sucesora de Castillo adelantara que se comunicaría con sus homólogos Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce, respectivamente, para abundar en la materia, al tiempo que insiste junto al Congreso en adelantar las elecciones, proyecto que ya evalúan los legisladores.
Asimismo, la ministra de Exteriores reiteró que la ex número dos Boluarte es la única presidenta al sustentar que la sucesión se realizó en estricto apego a la Constitución, pese a que Castillo se ostenta, desde prisión, como mandatario legítimo, al desconocer su destitución.
En tanto, las movilizaciones y enfrentamientos violentos no cesan en la nación, que ayer registró la cuarta toma de un aeropuerto en Ayacucho, con el peor saldo de víctimas letales desde que Castillo Terrones desató la crisis con un fallido golpe de Estado.
Pese a la declaratoria de emergencia nacional, los simpatizantes del izquierdista renovaron sus bloqueos y protestas desataron nuevos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, que con tanquetas y hasta gas lacrimógeno intentaron disuadirlos, pero por el contrario, se avivaron los choques que terminaron con siete manifestantes muertos y 52 heridos, según una actualización de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho.
Dicha cifra fue corroborada por la Defensoría del Pueblo que ante la escalada demandó al nuevo gobierno y a las fuerzas del orden “el cese inmediato del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”, luego de múltiples denuncias de excesivo uso de la fuerza contra quienes intentaron tomar las instalaciones aéreas como ya ocurrió en otras ciudades como Cusco y contra disidentes en comisarías y puntos clave de la región andina.
No obstante, ese sector también exigió a los disidentes abandonar los actos vandálicos al evidenciar que además de policías heridos también hay personal sanitario e inocentes afectados, pues impiden el paso de ambulancias, lo que provocó ayer la muerte de un niño, pues la unidad quedó varada y el menor no llegó al hospital para una cirugía.
Con este caos como escenario, el juez Juan Carlos Checkley impuso 18 meses de prisión preventiva contra el político de 53 años, como lo solicitó la Fiscalía por los delitos de rebelión y conspiración, horas después de que ésta abrió otro expediente en su contra por presuntos sobornos en complicidad con exfuncionarios.
Tras leer los alegatos de ambas partes en un proceso que duró más de dos horas, el magistrado respaldó la postura judicial al ratificar que la captura fue legal al ocurrir en flagrancia, pues sí hubo una alteración al orden constitucional aunque no se concretó el levantamiento en armas previsto.
Asimismo, ratificó que existe un claro peligro de fuga, pues su arresto fue cuando se dirigía a la embajada de México en Lima para pedir asilo.
Sin embargo, no se definió si permanecerá en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) o será trasladado a un penal, decisión que queda en manos de la Junta de Clasificación.
Además, el juez solicitó la comparecencia con restricciones de su ex primer ministro Aníbal Torres para esclarecer la presunta coautoría del también abogado en estos delitos, pues la Fiscalía mostró evidencia de que él y la expremier Betssy Chávez fueron clave en el plan para disolver al Congreso, pero el juez no validó enviarlo a prisión.
Aunque Checkley dio voz al defensor para fijar su postura en la audiencia virtual éste no respondió, pese a que aparecía como uno de los integrantes en la sala virtual, lo que recuerda que se encuentra prófugo de la justicia, luego de acudir a la primera audiencia horas después del mensaje a la nación de Castillo Terrones en el pasado 7 de diciembre.
Y ante el riesgo de una mayor escalada tras la decisión de que continúe en la cárcel por más de un año, el gobierno de Boluarte impuso un toque de queda para calmar las protestas en zonas críticas como regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco. Dicha medida entra en vigor hoy y se extenderá por al menos cinco días.
