El fiscal General de Estados Unidos, William P. Barr, aseguró que las modificaciones en México a la Ley de Seguridad Nacional que discute el Congreso de la Unión, sólo beneficiaría a las “violentas organizaciones criminales trasnacionales”.
En un comunicado, el fiscal indicó su preocupación por las modificaciones a la legislación, pues consideró que podría dificultar la cooperación bilateral.
“El Departamento de Justicia está comprometido a trabajar con el Gobierno de México en el combate a los criminales trasnacionales que amenacen a nuestras naciones. Como siempre, nuestra cooperación tiene lugar en el marco de nuestra ya establecida estructura diseñada para atender conjuntamente nuestros desafíos comunes.
“Por lo tanto, nos preocupa la legislación que se estudia actualmente en el Congreso de México, que tendría el efecto de hacer la cooperación entre nuestras naciones más difícil. Ésta haría que estuvieran menos seguros los ciudadanos tanto de México como de Estados Unidos. La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta”, añadió el Fiscal Barr.
Recordó que ambas naciones han establecido lazos de cooperación dentro del marco legal que se ha diseñado exclusivamente para abordar de manera conjunta desafíos compartidos.
“Recientemente, Estados Unidos devolvió al exsecretario Cienfuegos a México, para permitir que sea investigado en ese país”, indicó.
El jueves, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional, y lo remitió a la Cámara de Diputados para su estudio y aprobación.
El texto fue turnado a las comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Defensa Nacional para dictamen, y para opinión a la Comisión de Relaciones Exteriores. Se prevé que éstas sesionen el próximo martes, sin embargo, es poco probable que suban al pleno el mismo día.
La tramitación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales y a otros criminales que estamos combatiendo conjuntamenteWilliam Barr, Fiscal General de EU
La reforma, que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, obligará a que los agentes de gobiernos extranjeros a compartir toda la información que obtengan en México con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los funcionarios nacionales, de cualquier nivel, que interactúen con estos agentes, también estarán obligados a rendir informes, tres días después de la reunión, t deberán estar acompañados por un agente mexicano.
Los agentes extranjeros podrán internarse temporalmente en México, pero deberán obtener un permiso temporal de la SRE, que consultará con la SSPC, Defensa Nacional y Marina, y deberá aplicar el principio de reciprocidad bilateral. Se creará un Grupo de Coordinación Operativa que supervisará la ejecución de los convenios de colaboración internacional en materia de seguridad suscritos por el Estado mexicano con agencias extranjeras.
Los agentes extranjeros no tendrán facultades para aplicar las leyes de su país en el territorio nacional, ni tampoco asumir las funciones reservadas para las autoridades mexicanas. Es decir, podrán llevar a cabo sus investigaciones, pero no tendrán ninguna inmunidad contra delitos en los que pudieran incurrir.
