La Procuraduría General de Brasil acusó formalmente a 39 “terroristas” ante el Tribunal Supremo de la nación por la irrupción en el Senado, uno de los tres poderes que atacaron hasta cuatro mil bolsonaristas el pasado 8 de enero.
Tras las investigaciones, la autoridad judicial determinó que hay suficiente evidencia para imputar a los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quienes destruyeron el recinto, de seis delitos contra la nación como golpe de Estado, asociación delictuosa y deterioro de bienes catalogados, por lo que prevén ampliar la detención de éstos, quienes llevan días bajo arresto, al imponer prisión preventiva y otras medidas cautelares en su contra, para evitar que salgan del país o cometan algún otro delito que atente contra el Estado democrático.
Y el procurador, Augusto Aras, adelantó a legisladores que hay más procesos en puerta, incluso esta misma semana, pues tienen ubicados a otros “fascistas” como principales ejecutores de los actos del fin de semana pasado.
Sin embargo, estas personas no fueron identificadas, pues el caso fue catalogado como secreto por el máximo Tribunal —también invadido la semana pasada—, según el diario O Globo, que cita información de la oficina del ministro Alexandre de Moraes, aunque el proceso fue firmado por el fiscal adjunto, Carlos Frederico Santos; pero se presume que entre éstos hay funcionarios, pues se solicitó el retiro de cargos públicos, según Metropoles.
Asimismo, la procuraduría sudamericana solicitó bloquear otros 40 millones de reales (145 millones de pesos) ligados a la supuesta organización de los ataques contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, monto que insisten será usado para reparar los daños causados.
Por separado, se reportó que las autoridades identificaron el uso del sistema de pagos Pix para que los golpistas garantizaran recursos para su movimiento, como parte del traslado desde más de 40 puntos y para mantener los campamentos en la capital del país.
Datos difundidos por Reuters exponen que al seguir el rastro del dinero, con el que se pagaron los autobuses decomisados, se detectaron transferencias electrónicas a través de ese sistema. Incluso, detalló que dieron con éste por declaraciones de los involucrados, pues en su afán de presumir lo hecho en los tres poderes de la unión agradecieron las donaciones patriotas durante sus transmisiones en vivo.
No obstante, el gobierno indicó que sólo se han identificado cuentas de núcleos medios, pero aprietan las investigaciones para dar con los principales patrocinadores, pues sospechan que agricultores y magnates del transporte están detrás del plan para desconocer el tercer mandato de Lula da Silva.
