Entre protestas, crece cerco a bolsonaristas

La Procuraduría de Brasil sigue la pista de los bolsonaristas ligados al ataque a los tres poderes de la nación al investigar a tres congresistas aliados del exmandatario Jair Bolsonaro, ante el temor de nuevas amenazas contra la democracia por nuevas marchas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Horas después de que simpatizantes del ultranacionalista convocaran a más movilizaciones, por las que la Policía Federal reforzó las sedes de Planalto, el Congreso y el Tribunal, el Ministerio Público confirmó que abrió expedientes contra los diputados Silvia Waiãpi,

Clarissa Tércio y André Fernandes por presunta incitación de actos vandálicos.

Se identificó que los tres hicieron publicaciones en redes sociales alabando a los invasores, hecho por el que podrían ser imputados por tentativa de abolir con violencia un gobierno y delitos como grave amenaza al Estado de derecho, pues pese a la violencia aplaudieron los destrozos. Tércio resaltó que los hechos pasarían a la historia como un episodio digno de contar a sus nietos y sus bisnietos, en supuesta defensa de Bolsonaro, mientras que Silvia admitió un descontento por un supuesto fraude que no pudieron comprobar.

Y no descartan una mayor participación en la planeación del ataque del 8 de enero, pues Fernándes anunció en Twi-tter un “primer acto contra Lula” dos días antes de la irrupción, el mismo día en que el exministro de seguridad de Brasilia Anderson Torres, contra quien hay una orden de aprehensión, saliera del país, ahondando las sospechas una gran orquestación similar a la del asalto al Capitolio en Estados Unidos hace tres años.

Incluso, André se ufanó del ataque al compartir imágenes de la puerta que los insurrectos arrancaron de la oficina del magistrado Alexandre de Moraes, quien ahora encabeza las investigaciones para dar con los financiadores de esos actos.

Horas antes, las Policías Federal y del distrito de Brasilia reforzaron la seguridad en varios puntos de la capital ante los amagos de nuevas protestas en las que se anticipaban actos vandálicos; sin embargo, éstas no prosperaron.

Autoridades advirtieron que impedirían cualquier concentración masiva al considerarla una amenaza, pues no escatimarían esfuerzos para detener a los vándalos, asegurando que había mayor preparación en comparación con el fin de semana, al contemplar el cierre de avenidas principales y fuertes barricadas en las inmediaciones del Congreso.

Lo que pareció intimidar a los atacantes, pues en varios puntos se reportaron más patrullas que manifestantes, pero el gobierno no baja la guardia, pues Moraes prohibió cualquier tipo de bloqueo a las vías al imponer multas de entre 20 mil y 100 mil reales (70 mil y 360 mil pesos) a quienes atenten contra el tránsito o invadan edificios públicos, hecho por los que el Ministerio de Justicia confirmó que en tres días ejecutó mil 261 órdenes de aprehensión contra quienes insisten en actuar contra Lula el mismo día en que Bolsonaro agitó las teorías de un fraude al sostener que su rival no fue elegido por el pueblo, pero luego borró el tuit.