La justicia argentina sustentó en un informe de mil 616 páginas la acusación de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al confirmar que es la principal responsable de uno de
los peores agravios y “sin precedentes” a nivel nacional.
Tres meses después de que se dictara una pena de hasta seis años de prisión en contra de la número dos del mandatario Alberto Fernández, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) ratificó la decisión de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso al argumentar que perpetró uno de los mayores daños contra el patrimonio, que asciende a más de 80 mil millones de pesos argentinos en detrimento de la nación. Además se hicieron públicos los alegatos por los que también se demandó su inhabilitación perpetua de cargos públicos.
Con la investigación en su poder, la parte acusadora rechazó de nuevo los alegatos de la también exmandataria y ex primera dama de una persecución política a casi una década de haber dejado el mayor cargo en la región.
Incluso, el TOF recalcó que se comprobó la intención de Cristina de cometer el delito al usar toda la “maquinaria” presidencial para apropiarse de fondos destinados a la infraestructura y la construcción, proceso en el que, afirmar, obtuvo ganancias cuantiosas junto a su difunto esposo, Néstor Kirchner, en lo que calificaron como una “fastuosa defraudación” durante su gestión (2007-2015) al ocupar el máximo cargo en la región.
Este caso involucra más de 50 licitaciones de obra pública en Santa Cruz, en la causa Vialidad, en favor del empresario y amigo personal Lázaro Báez, hecho que no descartan pudo comenzar desde la administración de su marido (2003-2007), pues la empresa beneficiada en las irregulares documentadas abrió en 2003 y cerró el mismo año que Fernández de Kirchner dejó el gobierno.
Ello, insisten, en una prueba del abuso de sus funciones de manera prolongada, al abarcar sus dos mandatos, pues era consciente del poder que tenía para “influir en cada rincón” argentino.
Con ese material, el tribunal zanjó la polémica de la defensa de la exmandataria, que insiste en calificar de “guerra judicial” el caso para supuestamente sacarla del escenario político, al dejar en claro la conducta corrupta de la mujer de 70 años, quien desde hace meses tachó el juicio de “pelotón de fusilamiento”.
Además, durante la ampliación de este expediente la justicia argentina también justificó las penas contra los ocho presuntos cómplices de Cristina Fernández, quienes recibieron penas similares por esa red de corrupción.
Tras la presentación y difusión del archivo, la defensa de Cristina tiene 10 días hábiles para apelar las acusaciones ante la Cámara Federal, hecho que ya confirmó su equipo legal; y en caso de no prosperar todavía podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia Argentina. Al respecto, algunos medios señalan que ya habría negociaciones para cambiar la sentencia por un arresto domiciliario, pues debido a la edad su clienta tendría ese beneficio.
En tanto, se reportó que la aún vicepresidenta siguió el caso desde su residencia y sostuvo que no existen pruebas en su contra de tales imputaciones, de acuerdo con el diario La Nación, esto a unas semanas de denunciar a sectores que “clausuran los sueños de aquellos que piensan que un país diferente puede ser posible”.
Pero tras el informe completo no hubo respuesta oficial ni de la exmandataria ni del presidente Fernández, quien la ha defendido en reiteradas ocasiones; aunque parte del gabinete aludió a frases previas de Cristina al apuntar que “la sentencia ya estaba escrita mucho antes de que llegara la condena”.
Desde los primeros señalamientos en su contra, la acusada aseveró que más que evidencia sólo se presentan hechos inventados, mentiras e indicios no probatorios. Ante esta actualización del caso, se prevé que hoy mismo emita un mensaje a la nación como lo hizo cuando se dictó la condena en su contra, con el objetivo de responder a este nuevo ataque frontal.
