El Gobierno de Nicolás Maduro desmintió las acusaciones de una supuesta “desaparición forzada” de la abogada Rocío San Miguel y hasta dio señales de dialogar con la oposición, en un intento de parar las críticas en su contra.
A cinco días del arresto de la activista por los derechos humanos, el fiscal Tarek Williams rechazó los dichos de organizaciones en Venezuela y el mundo al refutar que defienden a una criminal, pues se detectó que la mujer de 57 años recababa información para perpetrar un intento de magnicidio contra el líder chavista, por lo que le imputan cargos graves como traición a la patria, conspiración y terrorismo.
Y aclaró que ella fuero presentada, como corresponde, ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo.
Incluso, el aliado de Maduro agregó que en la trama “Brazalete Blanco” hay más cómplices, pues hay 15 prófugos y no quitan la mira de la familia de San Miguel, pues aunque liberaron a su hija, hermanos y exparejas, señalados de supuestamente encubrirla, prevén citar periódicamente a Miranda Díaz, lo que ven como acto de persecución y “acto feroz”.
Por ello, más organismos se sumaron a la campaña para exigir la liberación de Rocío San Miguel luego de que fuera trasladada a la prisión Helicoide, considerada la más dura y cruel en la región sudamericana.
Con ello presionan al régimen para garantizar su excarcelación, pues sus abogados denunciaron que se violó el debido proceso y ayer fue allanada su vivienda y temen le siembren pruebas.
En tanto, el asambleísta Jorge Rodríguez aseveró que el país está dispuesto a concretar un calendario electoral esta misma semana con la Plataforma Unitaria Democrática, pero acusó a la oposición de evitar tal acto al advertir que no los seguirán citando “eternamente”, pues faltan ocho meses para los próximos comicios en los que Nicolás Maduro podría volver a reelegirse.
