Luego de que el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, y la líder de oposición, María Corina Machado, hicieran un llamado a las fuerzas armadas de Venezuela a impedir lo que consideran como un “golpe de Estado” por parte del actual presidente, Nicolás Maduro, la fiscalía general de aquel país anunció una investigación penal contra ambos por llamar a militares y policías a abandonar su apoyo al actual mandatario y dejar de reprimir a los manifestantes que han salido a defender su voto en las elecciones del pasado 28 de julio.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó directamente la investigación al recurso documento que los dos miembros de la oposición enviaron horas antes sobre Nicolás Maduro y los manifestantes, en el que hicieron “un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen del lado del pueblo y de sus propias familias (…) Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y respetar y hacer respetar, los resultados de las elecciones”.
En un comunicado publicado en la red social X, Tarek William Saab dijo que en su declaración los líderes opositores anunciaron “falsamente un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral, el único organismo capacitado para hacerlo”. También, que incitaron abiertamente a “los funcionarios policiales y militares a desobedecer las leyes”.
El fiscal general de Venezuela agregó que la declaración de Edmundo González y María Corina Machado evidencia la presunta comisión de varios delitos entre ellos usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar temor y conspiración, ya que, en el documento difundido, el candidato presidencial firmó como “Presidente Electo de Venezuela”.
En la carta difundida dada a conocer por Machado y González, ambos señalan que “Nicolás Maduro se niega a reconocer que ha sido derrotado por el país, y ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes de los partidos democráticos, activistas civiles, miembros de mesa, y hasta el ciudadano común”.
Al respecto, tres grupos de defensa dijeron a la agencia Reuters que las fuerzas de seguridad están trabajando intensamente para capturar a los manifestantes, incluidos menores, a quienes no se les proporciona abogados y que en algunos casos han sido acusados de terrorismo.
A través de una operación denominada informalmente como “toc-toc”, las fuerzas de seguridad venezolanas comenzaron a perseguir a presuntos autores de delitos violentos durante las protestas, a quienes el oficialismo ha calificado como “criminales fascistas”.
“Operación toc-toc es el nombre que algunos voceros del Gobierno han dado, de manera informal, a la escalada represiva. Se llama toc-toc porque es el golpe que se escucha en la puerta en las primeras horas de la mañana”, dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente del grupo de defensa jurídica Foro Penal.
La organización de derechos humanos Provea, con sede en Venezuela, publicó ayer un informe en el que analiza el clima poselectoral y concluyó que la respuesta del gobierno para silenciar el descontento popular ha sido “a través del uso desproporcionado de la fuerza” que ha resultado en la muerte de manifestantes.
La organización informó que, con base en cifras anunciadas por la Fiscalía General de la Nación la semana pasada, el número de detenciones contra opositores reales o percibidos del Gobierno equivale a alrededor de 42 por ciento “del total de detenciones arbitrarias registradas por Provea entre abril y agosto del 2017, el ciclo más importante de protestas en el país desde 1989”.
Por su parte, el jefe del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, entregó a la corte suprema del país las actas de la elección presidencial en las que resultó vencedor Nicolás Maduro, quien solicitó al máximo tribunal la “certificación” del proceso tras las denuncias de fraude por parte de la oposición. “Se consigna todo lo solicitado por el máximo tribunal de la República”, comentó en la audiencia, sin dar más detalles.
Mientras tanto, Estados Unidos informó por medio del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, que se mantiene en estrecho contacto con Brasil, México y Colombia sobre el camino a seguir para Venezuela. Cabe recordar que estos países han pedido que se publiquen los resultados completos de los comicios del pasado 28 de julio.
Brasil concretó ayer con Venezuela un acuerdo diplomático que le permitirá representar los intereses de Argentina y Perú en Caracas, después de que el régimen encabezado por Nicolás Maduro rompió relaciones con las dos naciones tras las elecciones presidenciales.
Según el acuerdo, que entró en vigor ayer mismo, la Embajada de Brasil en Caracas recibirá la custodia de las oficinas diplomáticas de Argentina y Perú en Venezuela, incluidos propiedades y archivos. Venezuela expulsó a diplomáticos de Argentina y Perú a finales de la semana pasada, después de que sus gobiernos reconocieron a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones.
En este contexto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Moneda en Santiago. El mandatario chileno fue de los primeros en poner en duda los resultados electorales que dieron el triunfo a NIcolás Maduro al considerarlos “difíciles de creer”, mientras que el líder brasileño tardó dos días en pronunciarse sobre los comicios e hizo un llamado para que se publiquen las actas electorales, ante las sospechas de fraude.
“El respeto a la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados (electorales)”, dijo Lula da Silva tras el encuentro, en una conferencia de prensa junto a Gabriel Boric, quien señaló que él y el presidente brasileño discutieron la situación en Venezuela, sin dar más detalles.
También ayer, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, condenó “rotundamente la represión y violencia” del gobierno venezolano “en contra de su propio pueblo”, sosteniendo que no reconoce la reelección de Nicolás Maduro, ya que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela “no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna”.
Sin mencionar por su nombre al presidente Nicolás Maduro, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista en la plataforma de transmisión en vivo Kick que Venezuela está siendo gobernada por un dictador.
En la entrevista, Donald Trump continuó diciendo que el crimen había disminuido drásticamente en Venezuela porque “han tomado sus elementos criminales... y los han trasladado a Estados Unidos”, un comentario que apunta a las políticas de seguridad fronteriza de la administración de Joe Biden. “Son traficantes de drogas, son criminales, son asesinos, son violadores. Todo ha sido trasladado a Estados Unidos”, agregó sin citar pruebas.
