Represión no ha cesado en 4 años en Nicaragua

Desde el 2018 el presidente Daniel Ortega impuso un régimen de represión en Nicaragua contra sus críticos y, pese a llamados mundiales, éste se recrudeció, especialmente en las últimas semanas, expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un informe, a cuatro años de la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento en la nación centroamericana (Meseni), sostuvo que en vez de corregir las violaciones a derechos humanos y persecución, este gobierno ha continuado convirtiendo al país en un escenario de impunidad generalizada.

Desde las protestas de abril del 2018 el organismo documentó cientos de abusos cometidos contra la población en general y en sólo tres meses, tras las fuertes protestas, la Policía del sandinista causó la muerte de más de 200 nicaragüenses por uso de fuerza excesiva, detuvo a unas 500 personas e hirió a mil 337 ciudadanos, en su mayoría jóvenes.

Tras un nuevo gobierno, la dictadura de Ortega y Rosario Murillo, oficialmente vicepresidenta nicaragüense, ha preferido apretar la persecución contra sus críticos que aceptar las recomendaciones por fallas cometidas bajo sus órdenes, al recordar que Ortega y sus aliados han violado derechos fundamentales como a la vida, la libertad, la salud, el acceso a la justicia, la libertad de expresión e integridad, según un monitoreo constante de esta crisis.

La CIDH agregó que a cuatro años de uno de los episodios más violentos en la región el panorama es muy similar y las cifras de víctimas siguen aumentando con 355 fallecidos a la fecha y casi el triple de detenidos que en el primer corte, con hasta mil 614 personas recluidas por varios delitos, incluyendo algunos que aliados del sandinista avalaron para imponer penas severas en prisión.

Además, el constante asedio, que se ha replicado con políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales y recientemente religiosos, ha provocado que más de 150 mil personas hayan huido del país, exiliándose en territorios aliados como Costa Rica, donde han encontrado refugio ante esta represión continua, de acuerdo con datos de la Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUR).

Su régimen también ha provocado despidos injustificados del personal de salud, en medio de la pandemia de Covid-19, expulsiones injustificadas de jóvenes, a los que ve como una amenaza a su gobierno, y también arrebató la personería jurídica a unas mil 400 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas universidades locales y extranjeras.

Durante este largo periodo, la CIDH ha recabado casi dos mil testimonios de quienes han sido perseguidos y acosados por el gobierno y de ellos casi la quinta parte fue por posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas, lo que derivó en la expedición de 129 medidas cautelares en favor de unas 280 víctimas del sistema

Ante esta situación enfatizó que continuará acompañando a la población afectada hasta “lograr la liberación de las 180 personas que permanecen privadas de la libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana”, pues familiares de detenidos han denunciado casos de tortura, aislamiento y hasta audiencias secretas violando el debido proceso.

Y recalcó que seguirá luchando por hacer que la comunidad internacional condene la conducta de Ortega para restablecer todas las garantías y libertades en Nicaragua, hecho por el que ha chocado con ese gobierno que ante este tipo de señalamientos hasta trató de desligarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acusando que se interfiere y atenta contra la soberanía.