Al justificar que protege a Florida del peligro de la migración ilegal el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley contra este sector al impedirles trabajar, conducir y realizar otros trámites por su estatus irregular, lo que algunos ven como una evidente persecución.
El republicano, a quien algunos ven como el candidato del partido a la presidencia por sobre Donald Trump, firmó una dura ley (la 1718) al advertir que “no nos quedaremos de brazos cruzados”. Explicó en entrevista con NBC News que ante los “tiempos turbulentos” provocados por la falta de acción del presidente Joe Biden se vio obligado a responder a esta crisis fronteriza.
Más tarde, en conferencia, insistió que debía atender esta amenaza de fronteras abiertas, justo cuando se anticipan cruces masivos por el fin de la aplicación del Título 42, con lo que le cierra las puertas a los indocumentados que no cuenten con sus papeles en regla en una entidad con gran presencia de latinos.
Este cambio sólo considera residentes legales a los que cuenten con identificación de Florida, pues quienes no comprueben su condición regular no tendrán acceso a documentación ni empleo o fondos estatales, al recordar que hay personas que tienen licencias de conducir de otros estados.
Quienes están ilegalmente en el estado tampoco obtendrán su E-Verify, registro estatal para empleados, limitando sus posibilidades de obtener un ingreso, pues prohíbe su contratación al exigir a los empleadores con más de 25 personas a su cargo este requisito o de lo contrario recibirán sanciones por facilitar trabajo a los indocumentados.
Esta medida ahuyenta a este sector de los hospitales al exigir a todos los centros médicos afiliados a Medicaid —programa estatal— incluir en sus formularios una pregunta relacionada a la legalidad de su estancia en el país. Ello haría que miles de ellos eviten una atención vital a cambio de conservar su libertad con lo que el mandatario DeSantis recuerda que Florida no es un estado santuario.
También contempla elevar a delito de tercer grado grave el uso de identificaciones falsas y lo equipara con el tráfico de personas, que está en ese rango. La pena se agravará si se trata de un menor, si son hasta cinco ilegales o si se trata de alguien con una condena previa por contrabando, lo que amerita multas de 10 mil dólares y sentencias de 15 años.
Y destaca que DeSantis comenzó estas acciones al enfrentarse directamente al presidente, pues acusó abandono del demócrata del tema, tal como lo hizo el también republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, lo que para unos es visto como el adelanto de que sí competirá por la candidatura presidencial, con una ruta antimigratoria en el gobierno federal.
También resalta que en el pasado ya aplicó normas similares a Abbott para trasladar vía aérea o terrestre a migrantes detenidos en su territorio hacia entidades santuario y ahora asigna un monto de más de 10 millones de dólares para mantener esa estrategia y echar a los ilegales de la entidad.
