Salen a votar

Seguridad, combate al narco… ¿Qué se decide hoy con el referendo y consulta en Ecuador?

Este domingo la población de Ecuador participa en un referéndum en materia de seguridad, resultado de la iniciativa del presidente Daniel Noboa por fortalecer este rubro

Ecuatorianos salen a votar en el referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa.
Ecuatorianos salen a votar en el referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa. Foto: Reuters

Con menos de medio año en el poder el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca imponer medidas más estrictas para detener la violencia desatada por bandas del narcotráfico con apoyo de la población.

Y este domingo los ecuatorianos definen en un referéndum si las Fuerzas Armadas deben reforzar en tareas de seguridad a la Policía ante un importante aumento de la violencia en la región y que lo obligó a decretar Estados de excepción para contener esta oleada que comenzó con la toma de un canal de televisión en enero pasado.

Por ello, el también empresario de 35 años cuestionó en una serie de preguntas si se permitiría mayor participación en labores de seguridad de las Fuerzas Armadas, si respaldarían la extradición de ecuatorianos buscados por delitos en otras naciones y si aprobarían la creación de judicaturas especializadas para no rezagar temas de mayor trascendencia.

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Proceso en el que el mandatario más joven que ha tenido Quito recibió el respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas, pues sus comandantes César Zapata, y Jaime Vela, respectivamente, votaron en conjunto en una señal de apoyo mutuo en caso de que prospere el plan del Ejecutivo, lo que daría pie a reformas para modificar la Constitución.

Asimismo, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y medios locales se incluyeron seis preguntas para una consulta popular, encaminadas a aumentar las penas contra los delincuentes. Pues se sometió a participación ciudadana la decisiones si las sanciones deben ser mayores en casos de terrorismo, posesión de armas, tráfico de drogas, asesinato, secuestro y lavado de dinero, entre otros, si están de acuerdo en reducir las posibilidad de que un criminal salga de prisión antes de cumplir su sentencia, al limitar la rehabilitación por sistema semiabierto o abierto, de acuerdo con la ley.

Otra de las interrogantes plantea si respaldarían que las armas bienes decomisados a criminales se conviertan en propiedad del Estado, con miras a destinar este material a las autoridades y quedarse con esas propiedades y traspasar las armas a sus agentes, para engrosar el equipo con el que enfrentarán a narcotraficantes y delincuentes menores.

Los resultados de las últimas preguntas darían pie a nuevas legislaciones que deberán presentarse ante la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación.

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