Luego de la filtración de un posible adelanto de las elecciones en Perú para este mismo año, el gabinete y congresistas chocaron sobre las condiciones para que se lleven a cabo antes de lo previsto, mientras el país sigue hundido entre protestas y el gobierno amaga con liberar las carreteras por la fuerza.
Aunque la mandataria Dina Boluarte planteó la posibilidad de que se convoque a comicios cuatro meses antes de lo establecido, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, advirtió que no es posible. En declaraciones al Canal N justificó que el cambio de fecha no supone un fin real a la crisis; por el contrario, se corre el riesgo de fallas en la materia, pues el primer ministro dejó entrever que no se podría garantizar la transparencia, aunque no hizo alusión a problemas del órgano electoral.
Y recalcó que se mantendrá la fecha original de abril del 2024 para votar con total libertad e imparcialidad.
Pero horas después legisladores lo contradijeron al sostener que sí es posible acelerar el proceso con miras a rebajar los ánimos de quienes exigen la renuncia de Boluarte. Incluso, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerrero, llamó a todos sus compañeros a evaluar una reconsideración de la fecha al insistir que sí es posible que éstas se realicen en diciembre, cuando se cumpliría un año del arresto y destitución de Pedro Castillo, proyecto que respaldó Fuerza Popular.
Pero acusó que hay algunas bancadas, principalmente de izquierda, que no desean dar ese paso, pues significaría que también se terminará la legislatura actual, con lo que no sólo se renueva el Poder Ejecutivo sino el Congreso, por lo que insistió en analizar la situación ante la crisis que vive la nación, pues en varios puntos de la región continúan las marchas, bloqueos y enfrentamientos, principalmente en Lima, donde ayer varios grupos, pese al cerco policial, realizaron actos vandálicos cerca de la Plaza San Martín así como quema de basura e inmobiliario en calles del Centro Histórico.
Tras estos nuevos choques con disidentes, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas exhortaron a este sector a liberar todas las vías de manera voluntaria o lo harán con apoyo de la Policía Nacional al sostener que “actuarán en defensa de la legalidad”, luego de que siete semanas de cierres carreteros que afectan el suministro de insumos, como alimentos y material médico, al provocar escasez y el aumento de precios de alimentos de primera necesidad y gasolina. En un listado de varios puntos adelantó que con o sin su colaboración recuperarán las carreteras de la Red Vial Nacional.
“Hacemos un llamado a los manifestantes para permitir el pase del camión cisterna que lleva oxígeno medicinal al Hospital Regional de Ica, ya que dicho nosocomio sólo cuenta con suministro para 18 horas”, externó el Ministerio de Salud en un comunicado al sumarse a la petición para despejar todas las carreteras y recuperar la paz en la nación.
Pero algunos grupos descartan retirarse, pues el gobierno no atiende sus demandas y sigue redoblando la represión.
Por separado, el gobierno externó de nuevo su inconformidad por las intromisiones de más gobiernos extranjeros al señalar directamente a sus socios de Honduras y Bolivia por la injerencia en asuntos políticos de Perú.
Luego de disputas con otras naciones, la Cancillería andina adelantó que su embajador abandonará definitivamente la nación centroamericana ante la
“inaceptable injerencia” de la presidenta Xiomara Castro al argumentar que ésta atacó a Perú durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), aunque hubo más gobiernos que se lanzaron contra Dina Boluarte por la respuesta represiva ante las protestas, como Chile.
Por separado, el Congreso declaró persona non grata al expresidente Evo Morales por su reiterada intromisión, pues desde hace días abogó por Castillo Terrones. A dos semanas de que el Ministerio de Exteriores le restringiera el ingreso al territorio andino, el Pleno del Parlamento aprobó con 74 votos declarar que no es bienvenido por sus expresiones contrarias al derecho internacional e incitaciones al desequilibrio del orden interno.
