En Medio Oriente

Tribunal israelí anula principal ley de la polémica reforma judicial de Netanyahu

Tribunal Supremo de Israel frenó reforma judicial del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, ante el temor de nuevas filtraciones en torno a la medida rechazada por gran parte de la población

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: Reuters (Archivo).

En plena guerra contra Hamas, el Tribunal Supremo de Israel frenó la polémica reforma judicial del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, ante el temor de nuevas filtraciones en torno a la medida rechazada por gran parte de la población.

A más de medio año de su aval y de las protestas desatadas al acusar que con ésta Netanyahu buscaba asumir todo el poder en la nación, la mayoría de jueces rechazó por primera vez en la historia del país una norma básica, con la que le quitaban el poder de anular las decisiones del Gobierno y su gabinete.

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En una votación de ocho contra siete, el tribunal eliminó una ley básica que ya daba por hecho el Gobierno, pues en el primer día del año hizo valer tal poder al justificar que el Ejecutivo pretendía asumir la decisión final en los llamados casos “irrazonables”, contrario a la parte crucial de la reforma.

Aliados del mandatario como su partido Likud recriminaron la decisión, al tacharla de “desafortunada”, lo que se relaciona con la guerra, pues acusan que es una decisión contra el pueblo. Pero hasta el momento no han dado señales de intentan retomar el camino judicial de Netanyahu, pues consideran que la prioridad de Israel en la actualidad es desmantelar a Hamas y que incidir en tal proceso ahondaría aún más la división en la nación, al tiempo en que se cumplen 87 días de la ofensiva contra los terroristas islámicos que invadieron el sur de Israel el pasado 7 de octubre y contra milicias que se unen a la guerra en supuesta defensa de Gaza, como los combatientes de Hezbolá, en Líbano.

En contraste, la oposición festejó la decisión histórica al justificar que con ello se garantiza el Estado de derecho que amenazaba el Gobierno al arrebatar a la autoridad judicial la decisión final en casos controvertidos.

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fgr

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