Donald Trump se sumó a la estrategia de cinco de sus 18 coacusados para arrebatar el control de la imputación por extorsión y conspiración electoral a Georgia y trasladarla a una Corte federal en otra artimaña para alargar el proceso.
Al cumplirse dos semanas de ser fichado en el condado de Fulton, el abogado del exmandatario estadounidense,
Steve Sadow, notificó a la entidad el plan para transferir el caso por hasta 41 cargos contra el republicano y aliados por sus intentos de revertir las elecciones de 2020, según documentos judiciales.
Con ello replica la estrategia de su exjefe de campaña Mark Meadows a poco más de un mes de que comience el juicio, programado para finales de octubre ante solicitudes de que sea rápido, presuntamente para mejorar sus opciones de evadir a la justicia, pues el magnate y cómplices estiman un mejor escenario en dichas instancias.
El cambio ameritaría la designación de un nuevo jurado, lo que abre la puerta a más diversidad, pues en Georgia los republicanos no cuentan con mayoría, ya que la entidad encabezada por Brian Kemp es un bastión demócrata.
Pero también destaca la oportunidad de desestimar el caso al alegar que goza de inmunidad porque los supuestos delitos los cometió en su gestión, pese a que insiste que no infringió la ley, pues sólo pretendía detener un fraude, aunque también se mencionó un posible indulto en caso de volver a la Casa Blanca, mismo que sólo aplicaría si no es juzgado en Georgia, pues sería un caso estatal en el que no tendría injerencia.
Sin embargo, la decisión de si procede o no el cambio, que afectaría a todos los imputados, incluyendo a quienes siguen esa ruta, como el exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark, el senador Shawn Still y los exlíderes republicanos locales Cathy Latham y David Shafer, se conocerá en unas semanas, mientras el aspirante y favorito de los conservadores a la nominación presidencial reitera que se convertirá en el próximo jefe de Estado desafiando a las cuatro entidades que lo acusaron este año.
Cabe destacar que no es la primera vez que promueve un ajuste en su favor, pero el intento anterior fue rechazado.
Por separado, la fiscal Fani Willis se pronunció por aumentar la protección para los 12 jurados que respaldaron la acusación contra Trump al tiempo en que exhibió supuestos planes republicanos para obstruir su caso.
Luego de denunciar acoso y amenazas “racistas” contra el panel, la funcionaria solicitó al juez Scott McAfee responder a la polarización, en referencia a los seguidores del magnate que pretenden intimidarlos para defender a quien es señalado como instigador de la insurrección.
Asimismo, la fiscal urgió a prohibir a los implicados hacer mofa o dar información de los integrantes de ese panel —cuyos nombres se filtraron en redes sociales—, para frenar la estrategia de asedio de las últimas semanas.
Por separado, acusó al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, de “intrusión injustificada”, según una carta obtenida por medios locales.
Aliado, culpable
En un caso paralelo, el exasesor comercial de Trump Peter Navarro fue declarado responsable de desacato tras ignorar dos citatorios del Congreso para declarar en torno a la insurrección de 2021.
Con ello se convierte en el segundo aliado del magnate imputado por esos cargos, tras desobedecer órdenes del comité que investigó la presunta participación del político republicano en el asalto al Capitolio. Sin embargo, en la audiencia de ayer no se fijó una sentencia, pues ésta se dará a conocer hasta enero, cerca del aniversario de ese episodio violento.
Pero se reveló que su defensa busca declarar nulo el juicio al sostener que el jurado fue influenciado por las pancartas y consignas que gritaban manifestantes afuera del tribunal contra su cliente, pero el panel dijo que los miembros ni siquiera escucharon o leyeron los mensajes.
