A la espera de su sentencia, Donald Trump solicitó eliminar la orden de silencio que se impuso en su contra durante el juicio por falsificación de registros comerciales.
Cinco días después de que el magnate y aspirante al gobierno de Estados Unidos fuera declarado culpable de 34 cargos penales, sus abogados instaron al juez Juan Merchan a retirar la llamada “orden mordaza” con la que se intentó proteger la integridad de personas ligadas a la acusación de conspiración electoral para ocultar escándalos sexuales en la campaña de 2016.
Todd Blanche, líder de su defensa, alegó que al concluir el caso ya no “se justifica que se sigan restringiendo los derechos de la Primera Enmienda de Trump”, según una carta con la que busca quitar las trabas en lo que resta de la campaña.
Dicha acción evidencia el objetivo de recuperar la libertad de expresión del empresario a semanas del primer debate que sostendrá con el presidente Joe Biden el próximo 27 de junio, lo que anticipa que el magnate aluda a la supuesta cacería de brujas y a los testigos a los que no se ha podido referir por nombre, como el caso de su exabogado y aliado Michael Cohen, considerado clave en el caso.
Cabe destacar que la restricción la fijó el juez por constantes críticas que ponían en riesgo a personal de la Corte, a testigos y a integrantes del jurado ante declaraciones del republicano a la prensa y sus publicaciones en redes sociales, aunque el ahora convicto violó dicha medida al arremeter incluso contra la hija de Juan Merchan, lo que le valió multas de hasta 10 mil dólares (casi 178 mil pesos).
Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta por parte de los fiscales de Manhattan ni del juez en torno a una medida de la que no se reveló un plazo, pero que pretendía garantizar la seguridad de los involucrados, ante presuntos intentos del exmandatario para atemorizarlos e incidir en el veredicto que, finalmente, fue de culpabilidad.
ACUSAN A TRES ALIADOS. El fiscal de Wisconsin presentó cargos penales por falsificación grave contra dos abogados y un asistente aliados del expresidente Donald Trump por denunciar un supuesto fraude tras las elecciones de 2020.
Se trata de los defensores Jim Troupis y Kenneth Chesebro y el director de operaciones electoral de Trump, Mike Roman, quienes entregaron supuestos archivos oficiales para asegurar que el magnate ganó ese estado, para que ésos llegaran a su entonces vicepresidente, Mike Pence, justo en la certificación, horas antes del asalto al Capitolio.
Los tres fueron citados ante el Tribunal de Circuito del Condado de Dane el próximo 19 de septiembre por delitos que conllevan penas de hasta seis años de prisión y multas de 10 mil dólares.
Sin embargo, éstos no respondieron a los señalamientos, aunque un abogado de Mike Roman, Kurt Altman, comentó que ya revisan el caso por difundir información falsa en la época electoral, tema que aún tiene gran relevancia en el panorama político, pues otra vez Trump busca la Casa Blanca.
