Donald Trump se declaró inocente de 13 cargos de extorsión y conspiración por su intento de revertir y manipular la elección de 2020 en Georgia e insiste en sus planes de aplazar el juicio al criticar la falta de tiempo cuando anticipan un país más dividido para 2024 en comparación con los comicios de 2020.
Aunque no se presentó ante el juez Scott McAfee a días de entregarse en Fulton y que se le tomara por primera vez una foto policial, pese a que acumula cuatro imputaciones, sus abogados recalcaron que no cometió ningún delito. Y expusieron su decisión de desistir a comparecer y de ir a la futura lectura de cargos, prevista para el 6 de septiembre.
“Renuncio a la acusación formal y me declaro no culpable”, leyó el defensor Steven Sadow a nombre del favorito de las encuestas republicanas —hecho que alardea a diario a través de Truth Social compartiendo varios resultados—, según un documento firmado por el exlíder.
Con ello mantiene la estrategia de negar las imputaciones por tratar de socavar unos comicios, presionar a funcionarios estatales y crear una lista de falsos electores en su pretensión de reelegirse, como parte de una larga lista de cargos junto a 19 cómplices, de los que el más grave es la violación a la ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión) que implica juzgarlos como “empresa criminal”, según la acusación de la fiscal Fani Willis.
Además, repite lo ocurrido en Nueva York, Florida y Washington al defenderse de una supuesta persecución política por falsificación comercial, retención de archivos secretos y conspiración electoral, respectivamente. Mientras que otros coconspiradores, como la abogada Sidney Powell y Ray Smith, también se declararon inocentes.
Dos horas después de la audiencia, medios de EU informaron que la defensa de Trump solicitó separar su caso del de Kenneth Chesebro, el exabogado de la campaña presidencial de 2020 que promovió un juicio rápido.
Su defensa formalizó la moción, que contradice el plan de Willis de procesarlos a todos juntos en dos meses, al argumentar que no cuentan con tiempo suficiente para una defensa adecuada, pues sólo tendrían siete semanas para contrastar una acusación de casi 100 páginas.
Y acusó que el cronograma de Georgia lleva a un escenario adverso a Trump, lo que recuerda que el imputado mantiene su agenda política por la nominación republicana y ha tratado de retrasar todos los procesos que hay en su contra hasta después de las elecciones de 2024.
No obstante, aún no lo logra, pues en Washington pidió que éste fuera hasta 2026, pero la jueza Tanya Chutkan lo programó para marzo del próximo año, ocho meses antes de la cita en las urnas. Y aún no hay una respuesta oficial al reclamo, pues el exmandatario es el único que quiere que haya dos juicios.
De momento todo está previsto para el próximo 23 de octubre, el primer juicio contra el aspirante a la nominación republicana que será transmitido en vivo.
McAffe detalló que ya alistan todo, pues el Tribunal del condado compartirá la señal a través de su cuenta de YouTube, aunque se reveló que anteriormente varios canales de noticias solicitaron permiso para ingresar a grabar, lo que abre la posibilidad de un cambio de sala, pues el juez señaló que son conscientes del interés que hay en la materia y del espacio que se requiere para 19 imputados.
En tanto, Trump sigue arremetiendo contra sus rivales, pese a la prohibición de amenazar y contactar a testigos, funcionarios y aliados, tema del que se aprovechó el exconductor de Fox News
Tucker Carlson, quien advirtió que podrían tratar de asesinar a Trump.
En una entrevista reciente comentó que en la persecución contra el magnate todo parece apuntar a un atentado, pues han intentado de todo para bloquearlo desde su gestión y rumbo al 2024, en referencia a los dos impeachment que enfrentó y las cuatro imputaciones con 91 cargos en menos de medio año, por lo que no descarta ese hecho.
Pero no sólo salen en defensa de Trump sino de Willis, pues el gobernador Brian Kemp, a quien ha criticado el magnate, rechazó los intentos de aliados extremistas del republicano de destituir a la fiscal. En conferencia respaldó a la funcionaria al desmentir que ha actuado fuera de la ley, pues aseveró que no ha visto ninguna evidencia de tal acusación, como ocurrió con los alegatos de un fraude, por lo que descarta alguna sanción de la Comisión de Supervisión.
Esta situación aviva los temores de violencia y choques entre quienes defienden al magnate y quienes buscan que sea sancionado si se demuestra su culpabilidad, lo que genera más tensión hacia los comicios para los que aún faltan más de un año y que recuerdan directamente al asalto al Capitolio, tema por el que simpatizantes y trumpistas de extrema derecha apenas enfrentan castigos a más de dos años de la insurrección.
El caso más reciente es el de Joe Biggs, uno de los líderes de Proud Boys, quien recibió la segunda pena mayor desde que comenzaron los juicios.
El exmilitar de 39 años fue sentenciado a 17 años de prisión —la mitad de la pena solicitada por la fiscalía por conspiración sediciosa, pese a que ofreció disculpas al admitir que fue un error dejarse llevar por la euforia de ese día.
La sanción sólo es superada por los 18 años decretados contra Stewart Rhodes, otro de los cabecillas de movimientos extremistas como Oath Keepers, mismos que apoyaron a Donald Trump al creer los supuestos alegatos de que fue víctima de fraude.
