En repetidas ocasiones, durante el juicio político al presidente Donald Trump, demócratas reclamaron que el magnate “no está por encima de la ley”; sin embargo, desde que llegó al poder, el magnate ha demostrado lo contrario. Una serie de políticas recientes en materia de justicia dan cuenta de que, en la práctica, él es la ley.
El pasado martes, Trump usó su poder para conmutar la sentencia a un grupo de políticos y empresarios poderosos, amigos suyos, que defraudaron al país con delitos graves, en una maniobra que evitó el debido proceso, una competencia del Departamento de Justicia.
Te puede interesar: Mueren dos pasajeros del crucero Diamond Princess por coronavirus
Poco antes, después de que el mes pasado el presidente de EU fuera declarado inocente de abuso de poder y obstrucción al Congreso —en un juicio en el que marcó línea a sus partidarios en el Senado—, Trump inició una cacería de funcionarios de su gobierno que atestiguaron que el mandatario presionó a Ucrania para que investigara al hijo de Joe Biden, el demócrata considerado su posible rival en las elecciones de 2020.
Trump también intervino para instar a la clemencia de su confidente Roger Stone —implicado en la colusión rusa en las elecciones de 2016 que dieron el triunfo al magnate—. El presidente atacó al juez de la causa y acusó al jurado de parcialidad.
"Se me permite estar totalmente involucrado (en los asuntos judiciales). De hecho, supongo que soy el jefe de la policía y de la justicia de este país. Pero he elegido no involucrarme”
Donald Trump
Presidente de EU
Pero todas estas acciones, por muy inverosímiles que parezcan, están justificadas, según Trump. Ayer, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, argumentó: “se me permite estar totalmente involucrado (en los asuntos judiciales). De hecho, supongo que soy el jefe de la policía y de la justicia de este país. Pero he elegido no involucrarme”.
Sus declaraciones tienen en alerta al fiscal general, William Barr, impuesto por el propio Trump después de que el mandatario despidió al fiscal Jeff Sessions, cuando no quiso supervisar la investigación del Rusiagate.
Ayer, The Washington Post publicó que, de acuerdo con funcionarios anónimos, Barr está dispuesto a renunciar, a menos que Trump deje de comentar públicamente sobre asuntos penales en curso, que perjudican el debido proceso.
Aunque el fiscal Barr advirtió que los comentarios desenfrenados del presidente en Twitter sobre los casos penales hacen “imposible hacer mi trabajo”, Donald Trump no dejó de expresar sus puntos de vista en la red social y aseguró: “estoy parcialmente de acuerdo con él (Barr)”, reconociendo que sus tuits sí dificultan el trabajo del procurador general, pero aun así no dejará de decir o escribir lo que piensa.
“Las redes sociales, para mí, han sido muy importantes, porque me dan una voz”, defendió el presidente ante la prensa.
La Asociación de Jueces Federales convocó a una reunión de emergencia para abordar las crecientes preocupaciones sobre la interferencia política de Trump en el caso Stone, cuya sentencia se conocerá este jueves.
Un jurado condenó a Stone el año pasado por mentirle al Congreso y obstruirlo en un caso que el magnate ha condenado repetidamente de injusto, mientras dejó abierta la posibilidad de emitir un indulto a su amigo y aliado político.
Desde su absolución judicial, Trump ha tratado de retratar los enjuiciamientos de sus aliados como “el producto ilegítimo de una investigación ilegítima”, realizada por el exabogado especial de la trama rusa, Robert Mueller.
Después de enterarse de que los jueces federales mantendrían una discusión de emergencia sobre su intervención en casos legales, en Twitter, Trump les exigió que mejor discutan las deficiencias del Rusiagate y el Ucraniagate, en lugar de acusarlo injustamente.
El dato: Más de 2 mil exempleados del Departamento de Justicia firmaron una carta pública para objetar la intervención pública de Trump en el caso de su amigo Roger Stone.
