Mientras que la Unión Europea sancionó a Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo y a otros seis funcionarios del gobierno que comanda Daniel Ortega, en su nación la pareja fue postulada como candidata para buscar una cuarta reelección en los comicios del 7 de noviembre.
La UE emitió ocho sanciones contra familiares y funcionarios cercanos a Ortega luego de que el pasado 25 de julio se dio a conocer el arresto domiciliario de Noel Vidaurre, otro posible candidato presidencial del país centroamericano.
“Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones”, subrayó la UE en un comunicado.
En ese sentido, denunció el uso político del sistema judicial para excluir a candidatos e inhabilitar a partidos opositores del régimen de Daniel Ortega, medidas, dijo, que dañan la credibilidad del proceso electoral.
Sin embargo, lo expuesto por la Unión Europea no fue limitante para que sus simpatizantes lo candidatearan, pues ayer Gustavo Porras, uno de los dirigentes del Frente Sandinista, partido izquierdista gobernante, dio a conocer que el congreso de éste ratificó a la pareja presidencial con el voto unánime de dos mil 932 asambleístas.
Nuevos penalizados
La UE emitió ocho nuevos preceptos contra funcionarios y familiares cercanos al gobierno oficialista.
Así, Daniel Ortega a sus 75 años pretende seguir en el poder junto con su esposa, Rosario Murillo, de 70 años.
En tanto, el Consejo de la UE detalló ayer que las restricciones impuestas se aplicarán de manera individual por las “acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.
Precisó que se congelarán las cuentas que los individuos tengan en la UE, se les prohibirá viajar a Europa y las empresas de alguno de estos países no tienen autorización para poner fondos a los acusados. “Las sanciones han sido diseñadas de tal manera que no afecten al pueblo ni a la economía de Nicaragua”, aclaró.
Entre los sancionados están el consejero económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanega; la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa; el dirigente de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle y otro responsable de seguridad del país.
Con estas nuevas ocho sanciones ya son 14 los funcionarios nicaragüenses en la lista negra de la UE, por lo que ésta aseguró que los preceptos demuestran su “voluntad a usar todos los instrumentos disponibles para fomentar una solución pacífica, democrática y negociada a la crisis política de Nicaragua”.
En julio pasado, cuando las nuevas sanciones fueron anunciadas, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró ante el Parlamento Europeo que con dichos castigos el bloque de los 27 países responde a la “espiral represiva” contra la oposición.
