Bajo la advertencia “Texas, nos vemos en la Corte”, activistas abrieron una batalla legal contra Greg Abbott para declarar ilegal una de las leyes más restrictivas contra migrantes en Estados Unidos.
A menos de 24 horas de la firma de la norma SB4 y replicando la frontalidad del gobernador republicano responde continuamente al presidente Joe Biden, quien cuestionó su muro flotante y el uso de alambre de púas, defensores de los derechos civiles congregados en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Condado de El Paso, representado por Texas Civil Rights Project, demandaron a la entidad fronteriza ante un tribunal en Austin para impedir su implementación.
Acusan que la estrategia del aliado del expresidente Donald Trump, que replica una legislación de hace más de una década, es “anticonstitucional” y viola la ley federal al suplir la seguridad que compete a la Federación, al dar poder a agentes locales para arrestar a presuntos indocumentados. Por ello, incluyeron en la demanda al director de Seguridad Pública estatal, Steve McCraw, y al fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks.
Además, pone en riesgo a residentes latinos y negros, pues se convierten en el principal objetivo de agentes locales y estatales, de acuerdo con declaraciones de la directora de la agrupación promigrante, Adriana Piñón, recogidas por Associated Press.
Ellos serán los más asediados para solicitarles sus papeles y verificar su estatus legal, pero en caso de no comprobar tal condición podrían ser detenidos y deportados, pues los cambios buscan negociar con los presuntos criminales su expulsión inmediata al otro lado de la frontera en vez de retenerlos en EU. Pues se prevén penas de entre dos y 20 años de cárcel, privándolos del debido proceso y criminalizando incluso a quienes buscan asilo o protección, sin importar su origen.
Ante la persecución anticipada por organizaciones y políticos, la ACLU sostuvo “merecemos algo mejor que la discriminación racial, el acoso y la crueldad disfrazados de política de inmigración”.
Y se lanzó contra Abbott, mientras que un abogado aliado de la ACLU, Anand Balakrishnan, recalcó que usarán todas las herramientas a su alcance para bloquear la estricta estrategia de Abbott, según una publicación del Texas Tribune.
El grupo lamentó que con el apretón de la llamada Operación Lone Star no se atiende el problema de fondo sólo se acelera la deportación masiva, con el respaldo de jueces, tal como prometió el mismo Trump en caso de ganar la elección presidencial el próximo año.
Pues además de un acoso por el color de piel o el idioma que hablan los sospechosos, aunque sean texanos legales, se advierten errores de procedimiento e ilegalidades que separarán a familias en la entidad, como ocurrió durante la administración presidencial pasada.
Por ello, los activistas asestaron que mantendrán la vía legal contra el hombre al que perfilan como vicepresidente del magnate republicano y quien aseveró el pasado 18 de diciembre que esta legislación era necesaria ante la negativa de Biden a reforzar la seguridad fronteriza, tema en el que también presionan legisladores conservadores desde la Cámara del Congreso, previo al año electoral.
El objetivo, refrendan, es cortar de raíz lo que prepara Texas; de lo contrario, esta polémica ley entrará en vigor y más regiones, en su mayoría republicanas, podrían sumarse a la estrategia racista y antimigrante para disuadir a quienes buscan una oportunidad en EU al cruzar ilegalmente a ese territorio.
Sin embargo, los activistas enfrentan trabas en su lucha, pues quienes están en favor de Abbott y de normas cada vez más duras contra las olas migratorias que dejan nuevos récords los tachan de traidores por abogar por quienes, según Trump, “envenenan” a EU.
Y hasta el momento, Biden no se ha pronunciado en torno a los nuevos pasos del gobernador de Texas, reelecto el año pasado. Pero se espera que nuevamente intente echar atrás esa medida como lo hizo con las boyas en el río Grande, tras acusar a Abbott de violar leyes federales al obstruir aguas internacionales.
En medio de los choques, se reportó que Eagle Pass es el punto más conflictivo tras la firma del plan de Abbott, debido a la saturación al momento en un intento por evadir la inminente implementación, como ocurrió en mayo pasado cuando miles cruzaron antes del fin del Título 42.
No obstante, ni Texas ni las agrupaciones mencionadas reportan cifras en torno a un aumento o un descenso en los cruces fronterizos ni casos de acoso contra personas con rasgos hispanos, principales sospechosos para ser capturados.
