Venezuela se afianza como el peor país de América Latina en impunidad al ser declarado “ejemplo de gran corrupción” e hilar 10 años como el país más crítico del continente bajo la gestión de Nicolás Maduro.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 esa nación aparece en el rango “altamente corrupto” al fondo del ranking en el puesto 177 de 180 evaluadas, pues sólo supera a Somalia; sitio que repite por tercera ocasión consecutiva como el último del continente en año electoral.
A diferencia del 2022 perdió un punto al pasar de 14 a 13 de 100 posibles, evidenciando que no puede disminuir ese flagelo, un mal que prevalece a nivel mundial, pues la mayoría enfrenta graves problemas y más de dos tercios ni siquiera rebasó 50 puntos.
Caracas, según la evaluación de Transparencia Internacional (TI), no logró revertir los casos de abuso de poder, desfalcos sistemáticos, debilitamiento institucional y exacerbación de la desigualdad al profundizar la pobreza, en un franca crítica a Maduro, pues el líder de la organización que hace el listado, Fracois Valérian, advirtió que mientras no haya un alto a esos Gobiernos seguirán fuera de control.
En el informe se detalla que ese país arrastra problemas políticos y económicos, pero su principal reto es corregir “la falta de independencia del Poder Judicial” y la cooptación jueces, sectores que actúan por órdenes del régimen, lo que abona a la creciente impunidad y la vulneración de los derechos de las minorías, en este caso críticos, como la opositora María Corina Machado.
Pues resalta que días antes de la difusión de la medición fue inhabilitada para competir por la presidencia, pero ella afirmó que se medirá con Maduro quiera o no y éste respondió ayer que el veto a la disidente es “firme”. Incluso acusó que la oposición incumplió los acuerdos con Estados Unidos, potencia a la que confrontó al rechazar su ultimátum, pues recalcó que sigue en ruta para realizar elecciones este año, pero no aceptará ni actos injerencistas ni a la exasambleísta.
En torno a la lucha anticorrupción el informe mostró que la región encara otros desafíos como el auge de redes transnacionales corruptas, lo que impacta a otras naciones como Nicaragua y Haití, empatadas en el lugar 172.
Pero no son las únicas del continente con baja calificación, como Honduras (154), Guatemala (154), Paraguay (136), Bolivia (133) y México, que comparte puesto con El Salvador (126), con calificaciones de entre 17 y 33 puntos, pues han documentado casos de corrupción como financiamiento del narco a políticos, quienes al llegar al poder les retribuyen el favor a los criminales, proceso en el que destaca que Ecuador, que declaró la guerra a 22 bandas delictivas, se ubica en el límite del Top de los más corruptos en América.
En contraste los mejor evaluados son Canadá, Uruguay, Barbados, EU y Chile con puntajes de entre 66 y 76, muy cerca del líder Dinamarca con 90.
Faltan sanciones, reclaman
México sigue estancado en la percepción de combate a la corrupción, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Tras la evaluación global, la organización Transparencia Mexicana señaló que el país que este año tendrá elecciones permanece con 31 puntos, en una baja posición de 180, pues desde 2020 no tiene cambios y la sociedad mexicana ve a la corrupción como el mayor obstáculo para el desarrollo del país, pues casos ligados a ese delito no son sancionados, a los que se suma la operación del crimen por lavado de dinero y evasión fiscal.
El organismo apuntó que el reto para el próximo Gobierno será la impunidad al enlistar casos de desvío de recursos como el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con nueve mil 500 millones de pesos, la Estafa Maestra con siete mil millones de pesos y Agronitrogenados por hasta 200 millones de pesos, que ubican a México cómo la penúltima posición de los integrantes del G-20, sólo por encima de Rusia.
“Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas. De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”, resaltó Transparencia Mexicana al reconocer que la reparación del daño sería un paso clave para cicatrizar una herida social.
