Ante el anuncio de la nueva administración de revisar las transferencias federales del Ramo 23 a los estados, la calificadora Moody’s apunta que una posible eliminación o reducción sería negativo para los estados porque podría generar mayores déficits financieros, una reducción en el gasto de capital y un incremento en la deuda, es decir, que cualquier cambio en las transferencias dependerá de su nivel de dependencia de este ingreso.
De acuerdo con la calificadora, entre 2013 y 2017, las transferencias del Ramo 23 representaron el 6.1 por ciento de sus ingresos totales, y como consecuencia, una reducción, de ese recurso aumentará los requerimientos financieros de las entidades, ya que el 49 por ciento de estas transferencias ha sido utilizados para subsidios y gastos operativos.
[caption id="attachment_798148" align="alignright" width="369"] Gráfico: La Razón de México[/caption]
La deuda de los estados aumentaría, de acuerdo con Moody’s, no obstante, solamente estados como Baja California, Oaxaca, Morelos y Sonora, actualmente podrían asumir más riesgos a largo plazo, debido a que tienen mayoría en el Congreso.
Por otro lado, el gasto en estados como Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Tabasco, Querétaro, Nayarit, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Hidalgo, tienen la calificación Ba2 / A2 estable, mientras Tamaulipas Ba1 / A1, aunque Puebla y Campeche no tienen calificación y Veracruz ya es menor que el nacional, lo que limita su capacidad de hacer más recortes.
Cabe recordar que durante su campaña, el equipo de transición de AMLO prometió ahorrar, cortando programas como el Ramo 23 para su proyecto energético, e incluso empresarios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), propusieron la eliminación de ese subsidio, argumentando que “sería un golpe contra la corrupción”.
Particularmente, los estados tendrían problemas para construir o mantener áreas como carreteras, pavimentación, espacios públicos, luminarias, entre otras obras de infraestructura.
Asimismo, la deuda aumentará a medida que los estados busquen mantener los gastos de capital. Aunque las entidades pueden buscar aumentar la deuda a largo plazo, para mantener sus niveles actuales de gasto de capital, bajo la Ley de Disciplina Financiera, no obstante, éstos requerirán una mayoría calificada (dos tercios de los congresos locales controlado por el mismo partido) para emitir deuda a largo plazo.
Sin embargo, los estados que son altamente dependientes de las transferencias de Ramo 23 y que tienen altos niveles de endeudamiento y bajos niveles de gasto de capital, es más probable que usen deuda a corto plazo, lo que podría debilitar sus posiciones de liquidez.
Además, es probable que los requisitos de financiamiento en efectivo de los estados mexicanos, aumenten en alrededor del dos por ciento en 2019 si el gobierno federal elimina o disminuye estas transferencias.
“Entre 2013 y 2017, las transferencias del Ramo 23 representaron 6.1 por ciento de sus ingresos totales y una reducción elevaría su deuda”
Moody’s
Ante la reducción del gasto capital, Moody’s estima que el requisito de financiamiento en efectivo de los estados, será equivalente al 3.3 por ciento de los ingresos totales en 2019, en comparación con la actual proyección del uno por ciento.
En los últimos cinco años, el 41 por ciento de los ingresos de las transferencias de Ramo 23, se han utilizado para financiar proyectos de infraestructura. Como resultado, la reducción o la pérdida de estas transferencias obligaría a algunos estados a reducir sus gastos de capital en estos proyectos.
La proporción de capital, el gasto para los ingresos totales probablemente disminuirá al 2.5 por ciento si las transferencias se reducen en comparación con la proyección actual, del 4.2 por ciento para 2019, si se mantienen las transferencias federales.
Por lo que la mayoría de los estados enfrentarían en un sobreendeudamiento.
El Dato: Entidades altamente dependientes del R23 con altos niveles de deuda y bajos niveles de gasto de capital, están en riesgo.
