Después de que se diera a conocer que TransCanada había detenido sus inversiones en Hidalgo, “se nota que los empresarios han comenzado a ser más cautelosos a la hora de invertir, por lo que la próxima administración deberá generar el Estado de derecho que se necesita”, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con el representante de la cúpula patronal, la mitad de los empresarios en México tiene confianza en el país y la otra mitad, no; sin embargo, ése será el trabajo del próximo gobierno. Un tema en específico que genera esta incertidumbre es la cancelación o la creación de proyectos específicos, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o la creación del Tren Maya.
“En data Coparmex no hemos encontrado una modificación significativa de antes de la elección a la fecha. Es un indicador que no mide al Gobierno federal, ni al Presidente electo, sino a la confianza en el país. Y lo que puedo decirles es que la mitad de los empresarios tiene la confianza”, dijo.
[caption id="attachment_829631" align="alignnone" width="705"] Gráfico: La Razón de México[/caption]
En suma, señaló, México sufre una ola de inseguridad que azota diversas entidades de la república, las cuales han afectado de manera directa a los empresarios o a sus trabajadores, aseguró De Hoyos.
“Estamos viendo en el país varios casos donde la falta de certidumbre está provocando que proyectos importantes se estén suspendiendo o cancelando. El más relevante que ha generado la mayor incertidumbre ha sido la cancelación del nuevo aeropuerto; pero también está el caso de TransCanada en Hidalgo, que decidieron suspender dos gasoductos en construcción”, comentó.
Ahondó en que la principal razón por la que la mitad de los empresarios no confía en el país es porque no tiene clara la aplicación del Estado de derecho, lo cual, reiteró, se demuestra con la cancelación del NAIM, así como otros proyectos,
Por otra parte, el presidente del organismo realizó el llamado al próximo gobierno y legisladores para discutir las implicaciones que traerá consigo la planta laboral productiva después de la reforma laboral.
Advirtió que lo que está en juego es la certidumbre y la competitividad laboral de México, y con ello, la posibilidad de que el país pueda generar los empleos que necesita su población para acceder a niveles crecientes de bienestar.
En este sentido, explicó que el gobierno que iniciará funciones debe conducir una negociación exhaustiva con las organizaciones de trabajadores y patrones para lograr que la iniciativa de ley que se presente al Congreso de la Unión tenga el respaldo de los factores de producción.
Respecto a ello, recordó que las reformas incluyen legislar las modificaciones a los artículos 107 y 123 constitucionales en materia de Justicia Laboral, acompañar la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual tendrá repercusión equiparable a la que tuvo la primera Ley Federal del Trabajo.
[caption id="attachment_829630" align="aligncenter" width="602"] Gráfico: La Razón de México[/caption]
Agregó que con una adecuada participación de organizaciones representativas de trabajadores y patrones se podrán hacer adecuaciones legales para modernizar la legislación laboral, incentivar la inversión, la creación de fuentes de empleo, y reducir la informalidad que afecta el crecimiento económico del país.
Detalló que en materia de justicia laboral es importante que el diseño institucional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a la Secretaría del Trabajo y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materia de alta relevancia, sea autónomo.
Apuntó que los responsables de estas tareas no deben depender directamente del Poder Ejecutivo y, por el contrario, deben responder a un órgano consultivo con la participación de las organizaciones sindicales y de empleadores.
Indicó que en el Anexo 23-A del Capítulo Laboral del T-MEC, México se comprometió a que en las futuras revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluyan apoyo mayoritario a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores.
El Dato: La Coparmex argumentó que los empresarios no quieren realizar inversiones, porque es incierto que éstas continúen, como sucedió con el NAIM.