Económicos, sociales y ambientales, son los riesgos que enfrentan los cuatro proyectos de infraestructura que impulsa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Integralia, una consultora de riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica.
El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Transístmico son los cuatro proyectos de infraestructura que fueron parte de las promesas de campaña del presidente, los cuales ya fueron sometidos a consulta pública para su aprobación pero de presentarse retrasos considerables en su creación, incrementos imprevistos de costos o una posible cancelación de alguno de los proyectos podría generar desaprobación social para el gobierno en turno.
Integralia, a través de un documento titulado “Los primeros 100 días de AMLO”, señala diferentes riesgos para cada uno de dichos proyectos.
Respecto al Tren Maya, indica que 34 de los 48 municipios por los que la red de vías férreas atravesará son considerados indígenas. Por tal motivo, el Estado mexicano se ve obligado a "realizar consultas previas, libres e informadas que cumplan con los convenios internacionales de los que México es parte".
Asimismo, señala que existen cerca de 14 organismos civiles de la península de Yucatán que se oponen al proyecto por la falta de información sobre el impacto medioambiental que pudiera tener.
Para el caso de la refinería Dos Bocas, la consultora hace referencia a un reporte dado a conocer por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el que se afirma que el proyecto es “inviable técnica y financieramente”. Aunque fue posteriormente desmentido por el gobierno federal, el informe señala que la percepción de el proyecto pudiese no ser rentable (cosa que las calificadoras han señalado como un riesgo crediticio relevante para Pemex).
Por último, Integralia señala que el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, el cual AMLO asegura estará en funcionamiento dentro de tres años, ha sido cuestionado por las agencias internacionales especializadas IATA y MITRE, lo que "eleva los riesgos de falta de certificación una vez que quede concluida la obra".
Por otro lado, la empresa dice que los tiempos para la construcción de un proyecto de estas dimensiones son muy estrechos.
Asimismo, se han identificado a actores sociales opuestos a la construcción de Santa Lucía, quienes argumentan que la obra atentará contra la sustentabilidad hídrica de la región, entre otros impactos negativos.
Visto desde una lente política, Integralia menciona que “proyectos de estas dimensiones mal ejecutados pueden también convertirse en grandes elefantes blancos, con costos financieros muy superiores a lo anticipado y proclives a la corrupción.”
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