Por el fraude de “facturación simulada”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que en los últimos cinco años se dejó de recaudar 354 mil millones de pesos o 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a poco más del 50 por ciento del crecimiento económico del país durante el año pasado..
Esta cifra, equivale a la suma de los costos actuales de dos de los proyectos más importantes para las últimas dos administraciones y que fueron señalados como los más costos: el precio final del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se erigía en Texcoco y el cual ascendía a 13 mil millones de dólares o 253 mil 500 millones de pesos; y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, para el cual se prevé una inversión de más de 78 mil millones de pesos.
O bien, alcanzaría para construir dos trenes Maya, el cual tiene un costo estimado de 150 mil millones de pesos.
Si se prefiere, el monto de lo defraudado se podría invertir en dos refinerías como la de Dos Bocas que tiene un costo de 156 mil millones de pesos (8 mmdd).
Mientras tanto, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat afirmó que se detectaron ocho mil 204 empresas que vendieron más de ocho millones de facturas falsas que van de 2014 a 2019.
Explicó que las operaciones simuladas hacen que los contribuyentes paguen menos impuestos de lo que les corresponde, motivo por el cual la hacienda pública recauda menos dinero, señaló.
El 60 por ciento de las empresas facturadoras, detalló, se concentran en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
De la misma manera, apuntó que se han presentado 23 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en estos días se estarán presentando cinco más.
“Vamos a llamar a cuentas a todos los que se beneficiaron de la comisión, del que la fabricó, la vendió y del que dedujo. Vamos hacia las redes de la deducción y la facturación”, advirtió Ríos-Farjat.
Por lo que están planteando reformas legislativas que permitan establecer sanciones penales a quien cometa este delito.
“Actualmente, quienes lo hacen y son detectados pueden argumentar que simplemente cometieron un error”, sostuvo.
En conferencia, precisó que se ha encontrado la incidencia por actividad económica. El 60 por ciento de tangibles y un 40 por ciento de intangibles; un 60-40 de comercio al por mayor, construcción, comercio al menudeo, industrias manufactureras, entre otras.
Explicó que otro modo de identificar el problema, es a través del tipo de sociedad; por ejemplo, señaló que la sociedad anónima, suele ser el vehículo más utilizado, seguido por responsabilidades limitadas, sociedad civil y el resto del porcentaje por otro tipo de sociedades.
“Lo anterior nos llama la atención, porque cuando pensamos en reformar o en crear candados a las empresas que facturan operaciones simuladas, pensamos en leyes fiscales y no pensamos, por ejemplo, en leyes mercantiles como en este caso… Una ley interesante a revisar desde ver qué candados se pueden poner ahí, sería la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero eso es una reflexión”, mencionó.
SEÑALAN CONTRASTE. En entrevista con La Razón, Flavia Rodríguez, directora general de la consultora, señaló que “no creo que sean muchas empresas, porque si se crearon en su mayoría en 2017, deben ser pocas y no tan grandes”.
El Dato: El 13 por ciento de los fraudes se han detectado en la CDMX, seguida de Jalisco; Nuevo León, Veracruz, Coahuila y Estado de México.
Con información de Antonio López
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