Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó el recurso de apelación interpuesto por Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) para evitar pagar una fianza que impida el embargo de bienes en ese país por más de 46 millones de dólares.
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El juicio que se sigue inició del incumplimiento de un acuerdo de sociedad comercial suscrito en Bolivia, en 2005, por Cementos de Chihuahua con la Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. (CIMSA).
Como parte de ese contrato CIMSA y GCC convinieron la operación de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) y estipularon que en caso de que cualquiera de las partes decidiera vender sus acciones daría a la otra el derecho de adquirirlas preferentemente y de que cualquier derecho y acción se dirimiría en una corte de arbitraje.
En 2010, GCC decide salir del negocio de Soboce y notificó su decisión a CIMSA, pero sin darle tiempo para que adquiriera el paquete accionario y, por el contrario, lo vendió a un competidor peruano.
CIMSA llevó el diferendo al Tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) que emitió, en 2015, fallo a su favor y fijó el daño en 36 millones de dólares más los gastos de representación legal.
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Cementos de Chihuahua se negó a pagar al argumentar la no competencia de la CIAC, por lo que CIMSA acudió a una segunda instancia en la Corte Federal de Colorado para que se pronunciara sobre la competencia de cortes y tribunales de Estados Unidos en el caso, que le dio la razón en febrero de 2019 y fijó el daño en más de 46 millones de dólares.
En otra negativa de pago, Cementos de Chihuahua apeló para buscar una revisión de todo el caso; en tanto, CIMSA solicitó que se garantizara inmediatamente la última cifra mediante embargo precautorio de bienes de GCC ubicados en la unión americana.
En un nuevo revés judicial, Cementos de Chihuahua perdió la acción ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos y quedó condenado a presentar una fianza que garantice el pago de los más de 46 millones de dólares.
En caso de que no lo haga, procederá el embargo de bienes ubicados en Estados Unidos para protección del demandante: la empresa boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles S.A., dirigida por Samuel Doria Medina, excandidato presidencial de aquel país.
