La organización ambientalista Greenpeace México obtuvo la primera suspensión en contra de la publicación de la nueva política de confiabilidad, publicada por la Secretaría de Energía (Sener) a mediados de este mes, y que el sector eléctrico renovable ha visto como un claro freno a su avance en este mercado.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó a la organización la suspensión provisional de todos los efectos derivados de la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
En este último supuesto, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo reclamado, dice el segundo juzgado en materia de competencia económica.
De esta forma, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre ellos la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares de dicho acuerdo.
Es importante precisar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsablesdice el juzgado, dentro del juicio de amparo número 104/2020 promovido por Greenpeace México.
Aunque esta medida fue otorgada sólo a la organización ambientalista, su efecto será sobre todos los participantes del sector de renovables.
El 15 de mayo, la Sener emitió una nueva política enfocada en el acceso y uso a las redes de transmisión y distribución eléctrica del país, en una resolución que terminó con la renuncia del titular del órgano que revisa el impacto de las nuevas reglamentaciones, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
La dependencia argumentó que debía expedirse de manera urgente esta regulación derivado del impacto de la crisis sanitaria en la demanda eléctrica y posibles fallas asociadas al uso de centrales solares y eólicas. Luego defendió que este instrumento iba destinado a ordenar al sistema eléctrico en su conjunto, más allá de la epidemia de la COVID-19.
JVR
