México no cuenta con un protocolo homologado para realizar contrataciones al momento de responder a una emergencia, como la del COVID-19, sostuvo el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El centro de investigación señaló que en México, las compras realizadas para atender la pandemia han sido discrecionales y opacas, ya que más de mil 100 millones de pesos gastados no cuentan con información suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos, las cantidades requeridas y los precios unitarios.
El Gobierno de México ha establecido la posibilidad de adquirir bienes y servicios sin necesidad de llevar a cabo una licitación pública, a través del decreto que declara acciones extraordinarias para la atención del COVID-19, refirió en un comunicado.
Si bien en los procesos de compra pública la principal recomendación es fomentar la competencia económica mediante concursos, la medida adoptada es adecuada para realizar acciones rápidas y efectivas, pero conlleva riesgos de corrupción que no deben de ser ignorados, alertó.
Por ello, el Imco analizó las compras realizadas por las dependencias facultadas para hacer compras de emergencia con base en el decreto publicado el 27 de marzo, las cuales son Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Asimismo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Salud (Ssa).
Entre los principales hallazgos de este análisis destacó que el gasto ejercido por las dependencias de salud es significativamente menor en comparación con el de 2019.
“A pesar de enfrentar una de las mayores crisis de salud en la historia, de enero a junio, el IMSS gastó 13 mil millones de pesos menos que durante el mismo periodo del año pasado”, añadió el organismo.
Refirió que la falta de protocolos de contratación en emergencias no permite identificar compras de preparación para la pandemia.
Resaltó que no es posible identificar las compras de insumos necesarios para la atención de la COVID-19 durante los meses de enero y febrero, vitales para prepararse para la emergencia.
Además, opacidad y falta de información, ya que gran parte de las compras analizadas incumplen con los requisitos mínimos de transparencia establecidos en la ley.
Indicó que 26 por ciento del monto adjudicado en el año, directamente por el IMSS, carece de un fundamento legal que avale su ejecución, y más de 700 millones de pesos gastados por el instituto no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.
El Imco también encontró anomalías y posibles casos de sobreprecio, al señalar que el ISSSTE y la Secretaría de la Defensa han adquirido equipo médico especializado por parte de empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud.
Apuntó que el ISSSTE ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar.
Además, mencionó la imposibilidad de rastrear las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya que no hay un sólo registro público disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por la institución.
“La distribución de millones de piezas de material y equipo médico, así como la ejecución de programas de inversión de más de nueve mil millones de pesos, se han realizado en total opacidad”, aseguró.
También falta de información detallada, pues en Compranet no es posible distinguir entre las compras de emergencia y las destinadas a las actividades normales de las dependencias, expuso.
El centro de investigación consideró que la crisis sanitaria que enfrenta el país demuestra la importancia de realizar procesos de compras públicas abiertos y transparentes durante una emergencia.
Por ello, el Imco propone crear lineamientos y protocolos de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia que sirvan para regular y llevar a cabo procesos claros para la contratación y ejecución de compras de emergencia.
Asimismo, crear contratos para evitar proveedores sin experiencia o capacidad de cumplimiento e implementar mecanismos extraordinarios y herramientas digitales de monitoreo, revisión y auditoría.
Sugirió además garantizar la total transparencia de la documentación del proceso completo de compra pública y actualizar constantemente las plataformas de contrataciones y auditorías en tiempo real.
JVR
