La iniciativa presentada por el Ejecutivo y el empresariado mexicano respecto a proyectos de infraestructura es positivo; sin embargo, falta ver cómo se va a fondear porque no hay claridad en ese tema, así como en el tiempo en que se van a conjuntar las obras, señaló Adrián Sada Cueva, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León.
En videoconferencia de prensa, el empresario aseguró que el programa de inversión pública y privada por más de 297 mil millones de pesos es bienvenido. Recalcó que se puso como meta llevar la inversión física total a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Es muy importante, ya que si no invertimos en nuestro país no crecemos, y si no crecemos no generamos los empleos que estamos requiriendo en estos momentos y seguramente en el futuro”, dijo.
Sin embargo, manifestó que estarán pendientes para saber cómo se va a fondear. “Creo que faltó algo de claridad. Esperemos que el Gobierno nos dé claridad de cómo se va a fondear y en qué tiempo se van a conjuntar estos proyectos”.
Invitó a las autoridades a seguir trabajando y no cambiar reglas, para dar estabilidad a los empresarios, pues se requiere que la Iniciativa Privada comience a invertir de nuevo, después de los decrementos que se han tenido en los últimos años.
“La inversión pública representó aproximadamente 15 por ciento de la inversión total de nuestro país en 2019, entonces esta cifra que está aquí, es un buen motor de arranque; sin embargo, necesitamos que la iniciativa privada sea el motor grande y que le dé vuelta a las cosas”.
En este sentido, también llamó a dar certeza en materia energética, ya que se han presentado disputas al respecto. Adrián Sada dijo que es muy importante dar claridad y cuál va a ser el rumbo en esta actividad, que le de confianza al sector privado para invertir, ya que la energía eléctrica y gas natural son motores para la industria.
Al respecto, Guillermo Dillon Montaña, director general de la Caintra, anunció que sí han tenido acercamientos con despachos jurídicos especializados en la materia energética, para entender la legalidad de las disposiciones de la autoridad en el tema.
“Es tener todo el respaldo jurídico a disposición de los industriales del Estado y de México para que cada empresa en lo individual, decida libremente, y según le convenga, hacer uso de algún recurso legal por temas de que tenga alguna afectación que considere fuera de ley que considere un exceso o un abuso de la autoridad que a todas luces pueda ser inconstitucional”, subrayó.
JVR