La Secretaría de Economía (SE) y expertos laborales coincidieron en que una reforma al sistema de trabajo outsourcing o subcontratación debe darse por periodos, ya que de lo contrario se podrían amenazar a las empresas que lo utilizan y, por ende, a los trabajadores.
La titular de la SE, Graciela Márquez Colín, indicó que se tiene que regular, reglamentar y hacer cualquier acción respecto al outsourcing “con cuidado”, porque se podría dañar a los trabajadores que ahí encuentran una oferta laboral.
“Tampoco lo podemos desaparecer de un día para el otro, porque estaríamos dañando a trabajadores que ahí encuentran una oferta de trabajo. En la medida en que no podamos generar los trabajos formales que quisiéramos, debemos tener esa transición importante, aunque entiendo que hay una iniciativa al respecto”, manifestó la funcionaria.
En el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo se establece que el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, pero el empleado no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo.
“De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social”, establece la Ley, pues los subcontratados no son inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con los Censos Económicos 2019, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el personal sin razón social es la fuente de trabajo de 4.7 millones de personas. Esto representó un incremento sostenido de 5.5 por ciento desde 2009. Además, es igual a 13 por ciento del personal total ocupado en México. El Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) estimó que 60 por ciento de los subcontratados pertenecen a una micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que prepara una iniciativa de reforma al outsourcing.
Al respecto, Alejandro Avilés Gómez, analista laboral privado, sostuvo que la iniciativa del Presidente López Obrador no es “una gran reforma”, sino que es muy ligera al sólo abordar cinco puntos: el registro nacional, el fortalecimiento de la figura de las inspecciones, subcontratación acotada y la especialización y transparencia en las contrataciones que se realicen en una empresa.
Dijo que la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo está facultada para llevar a cabo las verificaciones a las empresas y, en su caso, realizar los procedimientos administrativos correspondientes para sancionar a las firmas que no cumplan con la ley, porque el outsourcing sí está regulado.
Armando Leñero, presidente del CEEF, coincidió en que el problema no es el esquema de subcontratación laboral, sino la falta de inspecciones, con el fin de garantizar los derechos laborales de los empleados.
“Se debe dar un trabajo interinstitucional entre varias dependencias, como el Seguro Social, el Infonavit, el SAT y la secretaría del Trabajo, para que puedan detectar a empresas factureras que se dedican a simular pagos a los trabajadores. Tienen las facultades para atacar los problemas de la subcontratación. Desconocemos por qué no lo han hecho”, mencionó en entrevista con La Razón.
Por su parte, Avilés Gómez afirmó que eliminar el outsourcing tendría costos políticos importantes, por lo que no cree que se desaparezca. Sin embargo, dijo que “la forma en que se presenta (la iniciativa), muy maquillada, es querer tener contentos al sector empresarial; pero también es una asignatura pendiente con los trabajadores”.
El CEEF señaló que las consecuencias de suspender la subcontratación laboral, se encuentra el aumento de la informalidad en el país, que actualmente supera 60 por ciento de la actividad productiva. “La informalidad laboral es un reto estructural, es un flagelo que sufre la economía desde hace muchos años”, sostuvo.
“En crisis como la que hemos vivido este año, necesitamos reconocer primero. El reto de disminuir la informalidad es un reto de largo plazo, lo que tratamos de hacer es atenderlo en el corto y largo plazo”, concluyó la secretaría de Economía.
- EL DATO. El principal reto para las autoridades es eliminar la informalidad, la cual ha crecido de manera importante en los últimos años, según señala la Secretaría de Economía.
