Negociación Gobierno-IP

Coparmex llama a no aceptar una legislación que criminalice el outsourcing

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, abundó en que la postura de la Confederación es que se regule el outsourcing de forma inteligente y no la prohibición

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex Foto: Especial

En la discusión entre el Gobierno y la Iniciativa Privada respecto a la reforma del outsourcing no se debe aceptar la criminalización de esta actividad ni acciones que la hagan poco eficaz, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El líder patronal destacó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de dar una señal “a su manera” de que se tendría un espacio de discusión respecto a la reforma que busca hacer en la subcontratación.

Subrayó que desde esta semana los equipos especializados del sector privado dialogan con Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Carlos Romero, Procurador Fiscal; Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo; así como con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Infonavit, para encontrar una reforma consensuada.

De Hoyos aseguró que también participan en los diálogos, que de igual manera se dieron a través de un parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Abundó en que la postura de Coparmex es que se regule el outsourcing de forma inteligente, más no la prohibición.

Bajo ninguna circunstancia podemos estar de acuerdo en una legislación que criminalice o desincentive de manera deliberada eliminando la deducibilidad o haciéndola poco eficaz, porque costaría millones de empleos, afectaría la competitividad del país, dado que en el resto del mundo sí existe, y que habría incluso corporativos que se irían a mover operaciones a otros lugares donde esto se permita”, advirtió el líder de Coparmex.

Agregó que ir en contracorriente, en contra de las lógicas de competitividad empresarial, condenaría al país a seguir perdiendo escalones en los índices de competitividad, y lo que es más grave, llevarían al desempleo a millones de personas.

Sin embargo, evitó dar más comentarios al respecto, pues dentro de la negociación que sostiene el empresariado con el Gobierno se acordó que se mantenga en secrecía, y “aquí honramos los compromisos que hacemos con los funcionarios, para que pueda fluir este diálogo”.

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