Al tercer trimestre de 2020 la inversión privada representó 14.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un retroceso de 2.7 puntos por centuales desde el nivel previo de 17.3 por ciento con el que cerró su último año, la administración de Enrique Peña Nieto, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En el caso de la inversión pública, la cual ya se situaba en una posición desventajosa con una inversión de apenas 2.9 por ciento del PIB en 2018, registró una caída de 0.4 puntos porcentuales hacia el tercer trimestre del año pasado, al ubicarse en un nivel de 2.5 por ciento.
De acuerdo con la Iniciativa Privada, la cifras son claras y reflejan la falta de certidumbre jurídica que en México se le otorga a las inversiones.
“La caída de la inversión se ha agudizado fuertemente en este gobierno. Parecería que las acciones del Gobierno y las propuestas e iniciativas de su partido tuviesen como objetivo debilitar la certidumbre jurídica y el marco institucional que protegen la inversión”, sostuvo el CEESP.
En 2008 la inversión privada ascendía a 22.8 por ciento, por lo que en casi 12 años se desplomó 6.0 puntos porcentuales, de los cuales 3.2 puntos porcentuales se esfumaron en los dos años de la actual administración.
El CEESP aseveró que la caída en la inversión que ha impulsado el sector privado mexicano, se ha visto mermada por las decisiones políticas que ha lanzado el partido del Presidente López Obrador que “atentaron y actualmente amenazan” la confianza de los inversionistas, en un momento en el que se requiere para impulsar la recuperación económica.
Recordó que en 2018 y antes de tomar posesión de la Presidencia se llevó a cabo una consulta popular para detener la construcción del Aeropuerto de Texcoco, además de la iniciativa de reformas a las leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en Materia de Comisiones Bancarias.
En el primer año de Gobierno se presentaron seis reformas más que atentaron a la inversión, como la cancelación de la cuarta subasta eléctrica, dejar sin efecto la reforma educativa de 2013, el incumplimiento de contratos de gasoductos y las demandas de arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en cortes internacionales para cambiar o cláusulas de los contratos.
Además, el cambio de reglas para la adquisición de Certificados de Energías Limpias (CELs), la reforma a la Ley General de Salud para modificar el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas y el anuncio del inicio del proceso de compra consolidada de medicamentos y material de curación para el sistema de salud.
En 2020 se dio la consulta para cancelar la construcción de la planta de la cervecera Constellation Brands, en Baja California; la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la aprobación del dictamen del artículo 20 Bis a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico.
Recientemente, se tiene sobre la mesa la iniciativa contra el outsourcing, las reformas a la Ley del Banxico en materia de captación de divisas, la desaparición de órganos autónomos y las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la CFE.
PIDEN TRANSPARENCIA EN SALUD. Según el reporte de Finanzas y Deuda Pública que emitió la Secretaría de Hacienda hace unos días, la dependencia de Salud (Ssa) fue la tercera que tuvo más gasto programable a lo largo de 2020, con 25 mil 217.3 millones de pesos, pese a la pandemia de Covid-19.
Mario Di Costanzo, analista financiero, señaló que, aunque es necesario, también se debe destinar más presupuesto al turismo, infraestructura y salud para impulsar el repunte económico del país, pues por sí solo el Gobierno no podrá lograr su PIB de 4.6 por ciento que espera para este año.
