Iniciativa de la Secretaría de Economía

Microcréditos para el Bienestar deja a más de 1 millón de inscritos sin atención

En 2019 el programa Microcréditos para el Bienestar dejó pendientes de atender a un millón 225 mil 192 personas que estaban incluidas en su padrón

En 2019 el programa Microcréditos para el Bienestar, de la Secretaría de Economía dejó pendientes de atender a más de un millón de personas incluidas en su padrón Foto de archivo

En 2019 el programa Microcréditos para el Bienestar, de la Secretaría de Economía (SE), dejó pendientes de atender a un millón 225 mil 192 personas que estaban incluidas en su padrón, aseveró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Detalló que la población objetivo del programa ascendió a un millón 575 mil 563 personas en 2019, y la meta original fue atender la totalidad de la población inscrita en el padrón, pero sólo se alcanzó 22.2 por ciento del objetivo, equivalente a 350 mil 371 micronegocios, 77.8 puntos porcentuales menos.

En su tercer informe de la cuenta pública 2019, la entidad fiscalizadora apuntó que la falta de información y métrica del programa impidieron acreditar el impacto de la iniciativa de la Secretaría de Economía.

"No se incluyeron procedimientos de verificación documental de los beneficiarios, ni se fijaron visitas domiciliarias para constatar el cumplimiento de los requisitos y la existencia del beneficiario", apuntó la ASF.

Ahondó que en la Cuenta Pública 2019, la dependencia reportó un presupuesto ejercido de dos millones 188 mil 152.8 pesos, monto inferior en 27.8 por ciento al aprobado originalmente, sin que se presentara la documentación justificativa y explicativa de las causas que originaron la reducción presupuestal.

“Los Lineamientos para la operación del Programa Microcréditos para el Bienestar 2019, no constituyeron el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas propuestos;se omitieron los mecanismos de atención a los grupos sociales más vulnerables en la regiones de media, alta y muy alta marginación”, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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