El diseño de las políticas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), de 1989 al 2019, fueron insuficientes para identificar la problemática individual de estos negocios, a la vez que dejaron sin resolver la informalidad que aqueja al país, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por medio del informe de la Cuenta Pública 2019, la ASF indicó que en la atención a los micronegocios, las autoridades dejaron de lado la caracterización por tamaño de empresa y sector al que pertenece cada MiPymes, como la generación de empleos, las remuneraciones, la formalidad y la productividad, así como las necesidades de financiamiento y de capacitación.
“Si bien el objetivo directo de la política fue incrementar la productividad y competitividad de las empresas, sus acciones carecieron de focalización, no tuvieron forma de cuantificar su resultado y no se vincularon directamente con los fines esperados: crecimiento económico y generación de empleos”, sostuvo.
La ASF externó que las políticas que no atendieron los problemas específicos de las microempresas se dieron en un contexto de elevada informalidad concentrada en las microempresas en México, las cuales integran 96 por ciento de las firmas del país.
Según el Inegi, los negocios fuera de la formalidad representaron 23 por ciento del PIB en 2019.
Al respecto, destacó que durante el periodo 2001-2019, mediante el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) y el Programa de Microcréditos para el Bienestar se erogaron nueve mil 510.3 millones de pesos, para canalizar 12 mil 589.3 créditos, por lo cual concluyó que los montos otorgados fueron insuficientes para la apertura u operación de un negocio y no se incluyeron medidas para que los beneficiarios dejaran la informalidad
Además, el programa “Microcréditos para el Bienestar” presentó deficiencias e insuficiencias en su diseño, operación, seguimiento y evaluación. Incluso, abordó que se dejó fuera del padrón de inscritos a este apoyo a más de un millón de negocios en el 2019.
Asimismo, puntualizó que durante el periodo 2004-2019, el Gobierno federal implementó los programas Fondo Nacional del Emprendedor, ProMéxico y el Programa para la Productividad y Competitividad industrial (PPCI), con los que otorgó un total de 89 mil 734.0 millones de pesos.
Este monto benefició a dos mil 716.2 empresas, además de emprendedores; no obstante, durante la vigencia de la estrategia se identificaron deficiencias en la gestión y operación de los programas, como entregas indirectas que no permiten saber cuántos mexicanos fueron beneficiados realmente.
La Auditoría recomendó implementar una política pública diferenciada, de tal manera que se puedan identificar las necesidades de las empresas, por tamaño y sector económico, entre dependencias como la Secretaría de Economía (SE), del Trabajo y Previsión Social (STPS), Comunicación y Transportes (SCT), la banca de desarrollo, entre otras.
Para la ASF, que los operadores de la política pública actualicen su diagnóstico de la situación de las MiPymes, contribuirá a “generar la información necesaria para identificar y cuantificar los factores causales del estancamiento de la productividad y competitividad de las empresas”, concluyó.
De acuerdo con Censos Económicos que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 1989 y 2019 el número MiPymes se incrementó 3.4 veces, al pasar de un millón 306.3 mil a cuatro millones 396.8 mil unidades económicas.
De esta última cifra, las microempresas ascendieron a 95.6 por ciento del total; las pequeñas y medianas alcanzaron 4.0 por ciento, y las grandes registraron 0.4 por ciento del total.
Por sector económico, las empresas dedicadas al comercio abarcaron más de la mitad del pastel, con 54.9 por ciento; las de la industria manufacturera, llegaron a 12.5 por ciento; en tanto que las firmas que ofrecen servicios, llegaron a 32.6 por ciento.
Por su parte, el personal ocupado por estas unidades se incrementó en 2.5 veces, al pasar de seis millones 528.6 mil a 22 millones 742.5 mil trabajadores, de los cuales, 67.4 por ciento se ocupó en las MiPymes. Entre 2004 y 2019 la ASF dijo que se observó una reducción promedio de 22.8 por ciento en los salarios que pagan todas las empresas.
“Las Pequeñas y medianas empresas, un desafío”
El reto principal en el mercado mexicano son las Pymes, que fueron el sector más afectado por la pandemia de Covid-19, señaló Carlos Ochoa, director general de Crédito Real.
El directivo mencionó que tuvieron que lanzar programas de apoyo para las microempresas que fueron golpeadas por la crisis económica derivada del Covid-19, pero de forma personalizada y no en grupo como lo hizo la banca tradicional.
“La manera en que nosotros acordamos apoyar fue estar muy cerca del cliente. Nosotros no hacemos campañas para ayudar a todos, como pudieron hacerlo los bancos. Ellos dijeron que en tres meses no pagues, nosotros creemos que eso no es lo más eficiente”, manifestó Carlos Ochoa en entrevista con La Razón.
De enero a septiembre de 2020, los programas de alivio representaron menos de 6.3 por ciento de la cartera total de Crédito Real. El directivo abundó en que la diversificación de su cartera les permitió continuar con sus planes sin mayor problema.
- El dato: Más de 54.9 por ciento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que hay en México se dedican a actividades comerciales, de acuerdo con el Inegi.
