De aprobarse la reforma a la Ley de Hidrocarburos que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector privado corre el riesgo de una expropiación de sus instalaciones bajo argumentos poco claros, aseveró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
A través de un comunicado, refirió que la probable aprobación de dicha iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración.
Reforma enviada por AMLO
Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
Esta pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgar y revocar permisos para que empresas del sector privado participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
“La iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas”, aseveró.
Además, dijo que la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras, que de por sí se ha visto afectada tras la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho, aunque a fue suspendida.
El IMCO consideró que la discusión en la Cámara de Diputados deberá tomar en cuenta el impacto para los mexicanos de aprobar esta iniciativa, pues dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo.
“Tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos y contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones ocupadas bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa”, dijo.
