La Iniciativa Privada de Estados Unidos ha manifestado su preocupación ante la política energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues se les ha pedido renegociar contratos e incluso se restringe su participación, señaló la Oficina de Representación Comercial de este país.
A través del documento “Barreras extranjeras al comercio 2021” que elaboró la Oficina a cargo de Katherine Tai, se detalló que el gobierno mexicano ha suspendido las subastas de petróleo y ha presionado a los inversores privados para que "renegocien" contratos de suministro de gas, lo que genera una gran preocupación para los mismos.
Además, también ha limitado la participación del sector privado en el sector eléctrico cancelando la cuarta subasta de energía limpia a largo plazo.
“Los inversores están cada vez más preocupados porque México también está debilitando la autonomía política de los reguladores independientes”, pues los ha instado a evitar que las empresas estatales de energía pierdan cuota de mercado frente a las compañías privadas.
Sin embargo, enfatizó la acción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de presentar un recurso constitucional contra la política eléctrica del Gobierno de México de mayo de 2020, que buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para proyectos renovables del sector privado.
Puntualizó que la Ley de Hidrocarburos de México restringe la capacidad de los inversionistas extranjeros de utilizar arbitraje para resolver cierto tipo de controversias con el Gobierno, pues el único foro disponible es el sistema judicial mexicano.
Sin embargo, según el T-MEC, afirmó, las actividades con respecto al petróleo y el gas natural que controla una autoridad nacional dentro del tratado pueden, en su propio nombre, someter reclamaciones a arbitraje con respecto a cualquier obligación en virtud del capítulo de inversión.
Pero la preocupación de los inversionistas van más allá del sector energético. De acuerdo con el referido informe, otros sectores o actividades, como los servicios de transporte terrestre y la infraestructura de transporte (como la gestión de aeropuertos) están cerrados a la participación extranjera.
“México también prohíbe la propiedad extranjera de bienes raíces residenciales dentro de los 50 kilómetros de las costas del país y 100 kilómetros de sus fronteras terrestres (aunque los extranjeros pueden adquirir el uso de propiedad residencial en estas zonas a través de fideicomisos administrados por bancos mexicanos)”.
Además, los exportadores estadounidenses continúan expresando su preocupación por los procedimientos administrativos aduaneros de México y la implementación de normas, como la del nuevo etiquetado la cual consideran más carga para el comercio.
Otros sectores en donde manifestaron su inconformidad fueron el comercio digital, telecomunicaciones, pagos electrónicos, servicios audiovisuales (cinematografía), propiedad intelectual, biotecnología, sector alimentario y procedimientos aduaneros.
