De los 4.6 millones de trabajadores que están contratados bajo el esquema de outsourcing, sólo un millón 380 mil podrían ser contratados como base por las empresas, el resto pasaría a laborar sin prestaciones como el Seguro Social o serían despedidos, de aplicarse el acuerdo al que llegó el Gobierno, el empresariado y los sindicatos, aseveró un estudio realizado por ManpowerGroup.
De acuerdo con la firma, prohibir la subcontratación no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país y que vulneran el derecho laboral y social de los trabajadores, pese a que el acuerdo alcanzado el lunes pasado en Palacio Nacional deja un panorama más claro al respecto.
El análisis que realizó ManpowerGroup alerta que dos millones 760 mil empleados subcontratados pasarían a esquemas laborales sin seguridad social y 460 mil plazas se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing.
“En los análisis que hemos realizado, 60 por ciento de los empleadores realizaría la contratación bajo esquemas como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas; mientras que 10 por ciento se perdería o pasaría a esquemas de evasión o informales”, alertó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
Al respecto, la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León alertó que el acuerdo será más complicado de cumplir para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pues se les carga más burocracia y el tema de las sanciones puede propiciar a que exista corrupción en las auditorías.
Sin embargo, José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó que en el acuerdo tripartita uno de los puntos en que se mejoraron fue que no desapareciera este modelo de trabajo, como se contemplaba en la iniciativa de reforma que planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre del año pasado.
“Las tres partes ganamos, pero también las tres partes cedimos en algo para que los otros ganaran. En ese sentido, sí es satisfactorio llegar a este acuerdo que permite que subsista la figura de la subcontratación (de servicios u obras especializadas) que consideramos que es importante para la competitividad del país”, sostuvo el dirigente del sector patronal.
Adelantó que será el 1 de septiembre cuando entre en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre la subcontratación, ya que en abril se discutirá entre el Poder Legislativo, para que posteriormente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publique los lineamientos. A partir de ese momento, las empresas tendrán tres meses para implementarlo.
