Washington pide respeto a derechos en GM aquí
A 10 meses de que entró en vigor el T-MEC, México se enfrenta a la primera demanda bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del tratado comercial impuesta por Estados Unidos, por una presunta violación a los derechos de los tabajaodres de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato,
La representante comercial del vecino del norte, Katherine Tai, solicitó a México que se revise si a los empleados de la planta armadora se les negó el derecho de libre asociación y negociación colectiva en abril pasado.
“Me enorgullece anunciar el uso inaugural de este Mecanismo de Respuesta Rápida, que demuestra que actuaremos cuando a los trabajadores en ciertas instalaciones se les nieguen sus derechos bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones laborales de México”, dijo.
SHCP realiza operación de pasivos
La solicitud fue presentada con base en el artículo 31-A.4.2 del T-MEC y se refiere al proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo entre dicha planta y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, “Miguel Trujillo López”.
El Capítulo 23 es uno de los que se integraron a la actualización del pasado TLCAN. Abarca los aspectos laborales que deben cumplir los socios comerciales en materia de libertad de asociación, prohibición del trabajo forzoso y el trabajo infantil, así como mejores salarios y condiciones de trabajo.
En respuesta, General Motors rechazó las acusaciones y aseguró que respetan los derechos de sus empleados para decidir la representación sindical y cualquier negociación colectiva que busquen.
“No consideramos que haya involucramiento en las presuntas violaciones en nuestro complejo de Silao. Contratamos a un consultor externo para realizar una revisión independiente y exhaustiva”, afirmó la armadora, que se comprometió a trabajar con las autoridades de ambos países para esclarecer el tema.
Posteriormente, la Secretaría de Economía informó que recibió formalmente la solicitud de la Oficina del Representante Comercial de EU para realizar una revisión sobre la supuesta denegación de derechos a los trabajadores de la planta.
México tiene 45 días para dar una respuesta en la que determine si existe o no una violación al acuerdo comercial y, en su caso, proponer un plan de reparación, según lo establecido en el T-MEC. Cabe mencionar que las sanciones para General Motors pueden ir desde la imposición de aranceles hasta el bloqueo a la importación.
Gobierno revela omisiones en sector agrícola de allá
En el marco de la demanda bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida de EU hacia México, el embajador de nuestro país en el país vecino del norte, Esteban Moctezuma Barragán, envió una carta al secretario del Trabajo de esa nación, Martin J. Walsh, en la que expuso la falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola, así como de procesamiento y empacado de proteína que se determinan en el T-MEC.
“Aunque a nivel federal los derechos laborales en EU protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, en la práctica, factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados”, acusó el Gobierno mexicano.
Entre las omisiones laborales en el sector agrícola que detectó México se encuentran la falta de pago de salario y el tiempo extraordinario correspondiente; exclusión de los trabajadores del pago de tiempo extraordinario; salario mínimo en supuestos específicos; el derecho a organizarse y negociar colectivamente; y la falta de acceso para indocumentados a ciertos recursos legales, como la reinstalación o el pago de salarios caídos.
También señaló el incumplimiento de los empleadores a los protocolos de descansos e instalaciones para trabajadores agrícolas, la falta de regulación federal respecto al estrés por calor, disparidad salarial entre los empleados de las empacadoras y los de las plantas de procesamiento de proteína, acceso limitado a estaciones de lavado de manos y sanitarios, baja responsabilidad respecto al Covid-19, y falta de atención en casos de violencia y acoso sexual.
Por ello, el Gobierno de México consideró necesario señalar la importancia de hacer cumplir adecuadamente su regulación federal para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en la industria agrícola y de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos, expuso en la misiva el embajador.
Propuso un espacio de cooperación para identificar acciones que permitan atender la no aplicación de las leyes laborales, pero sin renunciar a los mecanismos de solución de controversias laborales previstos en el T-MEC por atentar el capítulo 23 del acuerdo.
Hace unos meses el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que México tenía elementos para demandar a Estados Unidos en materia laboral, pues es sabido que los connacionales se enfrentan a trabajos sin prestaciones ni garantías, luego de que este país amenazara con establecer disputas comerciales.
Demanda, consecuencia de firmar tratado bajo presión
La demanda laboral que interpuso EU contra México es la consecuencia de que éste último no se preparara para cumplir sus obligaciones dentro del T-MEC, así como de aceptar un capítulo que no iba a poder cumplir en el corto plazo, aseveró José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin.
“Es algo que ya se esperaba. Esto es fruto de que México se vio presionado a firmar el acuerdo, fue una condición del gobierno de Trump y hoy vemos que trajo consecuencias, porque este tema es una de las mayores vulnerabilidad del país”, explicó a La Razón.
Consideró que los bajos salarios en México representan una competencia desleal para EU, que busca que las empresas regresen a producir a su territorio.
