Para cumplir con las nuevas disposiciones que integran la reforma al outsourcing, en la que se prohíbe la subcontratación laboral salvo servicios especializados, las empresas deberán invertir hasta 15 mil pesos en trámites notariales que les permitan cambiar sus objetos sociales, estimó José Luis Lavín, socio del despacho GLZ Abogados y experto en derecho corporativo.
El experto manifestó que las empresas que busquen contratar servicios especializados de tercerización laboral tendrán que realizar una Asamblea Extraordinaria dentro de su Consejo para reformar sus objetos sociales. Esto deberá darse a conocer ante notario público y posteriormente mandarse al Registro Público de Comercio.
“Una empresa debe modificar su objeto social para que no tenga problemas al querer contratar un servicio especializado de outsourcing. Por cada servicio que busque contratar son hasta 15 mil pesos en servicios notariales. Por ejemplo, en una firma que vende pintura, pero necesita para sus instalaciones servicios de limpieza que va a tercerizar, tiene que cambiar su objeto social, de lo contrario no lo va a poder hacer y no será deducible”, explicó José Luis Lavín en entrevista con La Razón.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2019 había cuatro millones 685 mil 356 trabajadores en outsourcing en México, un incremento de 5.5 por ciento si se compara con los resultados de los Censos Económicos de 2014. En una década, apuntaron los datos, se duplicaron los empleados bajo estas condiciones laborales.
El 24 de abril de 2021 entraron en vigor las nuevas normas en materia de subcontratación laboral, tras tres meses de diálogo entre empresarios, sindicatos y el Gobierno federal se llegó al acuerdo de prohibir el insourcing, la participación activa de los trabajadores en el Reparto de Utilidades (PTU) y el cambio en la situación patronal, ya que las empresas tendrán que absorber a los empleados que tienen bajo esquema de subcontratación.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue el impulsor de esta reforma al señalar que se cometían injusticias con los trabajadores. Afirmó que los cambios aprobados en el Poder Legislativo ponen punto final a los abusos que se cometían en el llamado outsourcing y establecen reglas claras y sin ambigüedades a esta modalidad.
El socio del despacho GLZ Abogados y experto en derecho corporativo aseguró que esta reforma es más corporativa y fiscal que laboral y que muchos empresarios “están bastante asustados” por lo agresivos que son los cambios. También comentó que las firmas están haciendo sus protecciones financieras, porque no van a poder contratar a todo el talento de outsourcing. “Nos ha tocado ver a empresas que sí están liquidando a sus empleados”.
Lo anterior coincide con las estimaciones hechas por ManpowerGroup, que aseveró que las intenciones de contratación de las empresas donde sólo 30 por ciento de los trabajadores subcontratados pasaría a ser empleados de base, 60 por ciento a esquemas sin seguridad social y 10 por ciento se perderían o pasarían a esquemas de evasión o informales.
Al respecto, Javier Zepeda, director de la consultoría BIOS y especialista en temas empresariales y fiscales, manifestó que los trabajadores podrían verse afectados en la etapa inicial por la transición, cuando la empresa de outsourcing en la que trabajan deje de ser su “patrón” para ser contratados por la compañía a la que le ofrecen sus servicios, lo cual podría tardar meses.
El especialista señaló que una vez pasada esta etapa, podría ser que tengan mayores beneficios. Además, previó que los empresarios deberán invertir en quién lleve la nómina, situación que también representará otro desembolso adicional a los enumerados.
Amparos. A dos semanas de que entró en vigor la reforma, en el despacho donde colabora José Luis Lavín actualmente atiende más de 20 amparos de empresas de outsourcing que buscan impugnar las nuevas disposiciones normativas, ya que son circunstancias inconstitucionales que se podrían resolver a su favor.
“Hay varios empresarios que están viendo estos amparos, que se aplican de forma individual por las empresas. Algunas firmas trasnacionales buscan cumplir con la normatividad y no tener una confrontación con el Gobierno, pero hay otras tantas que quieren interponer un amparo por el tema fiscal y financiero que les pega”, dijo.
Luis Ricardo Ruiz Gutiérrez, socio de Hogan Lovells y especialista en derecho laboral, explicó que para presentar un amparo contra la ley se tiene un plazo de 30 días hábiles desde la fecha que entró en vigor; mientras que si es contra el primer acto de ejecución para acatar la reforma, se tiene un plazo de 15 días.