Ayer venció el plazo para que las empresas acaten los cambios operativos y fiscales que dicta la reforma al outsourcing, pese al llamado del sector empresarial para que las disposiciones entraran en vigor a partir del 1 de enero de 2022, al mismo tiempo que en el sector público.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hasta el último corte se tenían contabilizados dos millones 750 mil trabajadores que salieron del esquema de subcontratación para ser reconocidos por un patrón directo, así como 65 mil empresas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).
Lo anterior significa que de los 4.6 millones de empleados que se estima estaban bajo este esquema de contratación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), únicamente se logró reconocer a 40.2 por ciento, es decir, quedarían un millón 850 mil sin una contratación directa, hasta las cifras disponibles.
Para prohibir el outsourcing, se tuvieron que reformar la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como cambios en el Código Fiscal de la Federación. Las empresas tenían originalmente hasta agosto para cumplir con las nuevas disposiciones; sin embargo, el senador Ricardo Monreal propuso dar una prórroga para que aplicara en septiembre, al detectar atrasos administrativos que provocaron que, a 11 días de su primera entrada en vigor, apenas habían abandonado el esquema 850 mil trabajadores y 30 mil 400 patrones apuntados en el REPSE.
Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelan que el salario de los empleados que migraron a una contratación directa subió de 471.9 pesos a 528.2 pesos en promedio, lo que equivale a un incremento del 12 por ciento. En cambio, otros tuvieron un alza mayor o igual al 10 por ciento.
Luisa María Alcalde, titular de la STPS, aseguró que no habría otra prórroga para el sector empresarial, pese a que organismos, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han insistido en que se discrimina a la Iniciativa Privada al darles menos tiempo para adoptar la reforma frente al sector público, que tiene hasta 2022.
Expuso que de no darse el tiempo adecuado para la implementación de la reforma al outsourcing se tendrá como consecuencia el riesgo de perder empleos y afectar a por lo menos tres sectores de la economía: construcción, seguridad y el de servicios de promoción de productos en pisos de venta.
Recordó que desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma al outsourcing, en el mes de abril, solicitaron que el plazo de entrada en vigor fuera al 1 de enero de 2022 al igual que las empresas del sector público, pues incluso con la prórroga que se concedió al 1 de septiembre el tiempo fue insuficiente.
“Lamentamos que una reforma, lograda tras meses de negociación entre los sindicatos, el Gobierno y las organizaciones empresariales, pueda ahora tener efectos negativos debido a que no cuenta con el tiempo adecuado de implementación”, indicó la Coparmex.
Ahondó en que, pese a que este registro continuará para que las empresas puedan concluir el proceso, siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles.
Destacó que, con cifras oficiales actualizadas, 106 mil empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas y solo 48 mil 444 lo habían obtenido, lo que pone en riesgo a las empresas y sus colaboradores.
Entre las sanciones por no acatar la reforma están que, con los cambios al Código Fiscal de la Federación, se hace comparable el delito de defraudación con la simulación de servicios especializados, el cual es castigado con hasta nueve años de cárcel. También las facturas de las firmas que no estén el el REPSE perderán deducibilidad.
