La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que ha pagado 425 millones de dólares por el impacto de cuatro huracanes, que forman parte de las 10 catástrofes más caras para la industria.
Estos cuatro huracanes son: Wilma en octubre de 2005, con daños asegurados por dos mil 402 millones de dólares; Odile en septiembre de 2014, con un costo de mil 292 millones de dólares; Gilberto en 1988, con indemnizaciones por mil 166 millones de dólares; e Isidore, en 2002, con monto de 425 millones de dólares.
Asimismo, dio a conocer que 2020 fue un año con pocos huracanes, por lo que los daños asegurados que provocaron representaron cuatro mil 300 millones de pesos, esto significa un incremento de 80% más en el monto de 2019, cuando se entregaron dos mil 377 millones de pesos.
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Pese a los daños que puede provocar un huracán, la AMIS mencionó que sólo 6.5% de las viviendas están aseguradas por iniciativa de sus dueños y 20% a través de un seguro ligado a un crédito hipotecario; además, únicamente 18% de las empresas cuentan con la protección voluntaria de una póliza.
“Los riesgos como huracanes, inundaciones, lluvias, granizadas y deslaves, van en aumento, así como el impacto económico que generan a las familias y a los gobiernos. Lo más preocupante es que, pese a un incremento del riesgo y los claros pronósticos de las autoridades, las personas no aseguran su patrimonio”Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS
Este año, recordó, los ciclones comenzaron antes del inicio oficial de la temporada de huracanes, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronostica que para 2021 se tendrán al menos entre 16 y 18 huracanes y poco menos de 20 tormentas tropicales.
Ante este escenario, Norma Alicia Rosas comentó que trabajan en proyectos con autoridades y organismos internacionales como ARISE MX (Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres) a fin de que cada día más personas sean resilientes y cuenten con la protección de un seguro.
En este sentido, la AMIS participó con su opinión técnica en los trabajos relativos a la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que continua su camino legislativo, y sin duda contribuirá a proteger a la población e incrementar su resiliencia.
Esta ley establece la creación de una Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos y contempla la responsabilidad de los gobiernos estatales para la contratación de seguros.
KEFS
