Especialistas descartaron una ola de amparos en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del Ejecutivo Federal, pero advirtieron de costosas controversias de los socios comerciales de México por violar tratados internacionales, como el T-MEC, así como la posible rebaja en la calificación del país, cuestión que elevará el costo de la deuda.
El abogado especializado en energía, Bernardo Cortés, descartó una ola de amparos en contra de la reforma eléctrica, ante su eventual aprobación, como ocurrió recientemente contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional o la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Esto, debido a que hay una disposición expresa en la Ley de Amparo que dispone que contra reformas a la Constitución no procede el juicio de amparo, agrego durante el Foro IMMEX 2021, organizado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).
Precisó que sí podría caber la posibilidad de interponer medios de control Constitucional contra la implementación de la legislación secundaria que se vaya a emitir, en la medida en que haya contradicciones o violaciones constitucionales.
¿Qué recursos legales podrían imponerse en contra de la reforma eléctrica?
Bernardo Cortés afirmó que el único recurso que a nivel local habría contra la reforma eléctrica, actualmente a discusión en el Congreso, sería una impugnación sobre el proceso legislativo que se lleve a cabo para aprobarla.
Pero si se cumplen los requisitos que establece la Constitución para su aprobación, que es la mayoría calificada a nivel federal y mayoría simple en las legislaturas estatales, “creo que el riesgo de que se eche para atrás la reforma con base en esto es mínimo”.
No obstante, dijo, quedaría el recurso internacional de los socios comerciales, donde “el remedio” es meramente económico, ya que no se puede revertir la reforma, pero se acude a una instancia internacional a aducir una violación a las medidas de protección que establece un tratado de libre comercio o un acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones, reclamando el pago de un daño en la indemnización a causa de una afectación económica que la medida causa.
Al respecto, Kenneth Smith, socio de la firma Agon y encargado de las negociaciones del T-MEC, Kenneth Smit, refirió si se aprobará la reforma eléctrica y entrara en vigor, los socios comerciales de México pueden declarar que hay un acto de Gobierno, una medida ya tomada, que afecta directamente las inversiones.
Ante ello, expuso, ya sea que acudan al capítulo 31 del T-MEC, donde se establecen los mecanismos de solución de controversias de Estado a Estado, se soliciten consultas sobre la supuesta violación y si un panel determina que hay una afectación a las inversiones, en un caso hipotético, Estados Unidos podría “cobrar” con represalias comerciales en cualquier sector de exportación de México.
La otra opción, apuntó, es que las empresas afectadas en lo individual acudan a los mecanismos establecidos en el capítulo de inversión del T-MEC, lo cual abre la posibilidad de que vayan a paneles internacionales de éste para dirimir la controversia en procesos que pueden tardar entre dos y cinco años.
Expertos advierten sobre el riesgo de la desaparición de inversiones privadas y el aumento de la deuda
A su vez, el presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González Lau, afirmó que las inversiones privadas existentes en el sector eléctrico están siendo amenazadas de desaparición con esta reforma y terminarán en disputas en las cortes internacionales.
“El daño es grave para la nación porque estás diciendo que no eres un país confiable en cuanto a estabilidad jurídica, los contratos y la ley”, advirtió al recomendar que si se quiere traer inversión extranjera y privada en el desarrollo de infraestructura, se tienen que respetar las condiciones bajo las que se firman los contratos.
Sostuvo que el impacto es grandísimo para el país y, como lo advirtió la calificadora Moody’s, puede poner en peligro la calificación crediticia del país, lo que aumentará en miles de millones de dólares el costo de la deuda.
“Romper con este tema contractual, afectar las inversiones, va a afectar la calificación crediticia del país, va a hacer a la deuda más cara y entonces mucho dinero se va a ir más a servir deuda que lo que necesitamos para invertir en infraestructura, entonces sí es un impacto grandísimo es mucho más allá de un tema del sector eléctrico”, subrayó.
EASZ
