El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este sábado el decreto para regularizar los autos usados importados mejor conocidos como chocolate, medida que una vez que sea publicada e instrumentada, el sector automotriz buscará interponer amparos contra ésta.
Un día después de que el mandatario firmó el decreto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reiteró que la medida solamente beneficia a criminales, además de la “burocracia corrupta”.
“Una vez que sean publicados los instrumentos jurídicos que fundamenten la regularización de autos chocolate, se evaluará la pertinencia de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación”, señaló la AMDA.
El último registro de autos chocolate que se tiene, es que hasta 2019 habían a lo largo del país más de 18 millones de vehículos de este tipo, 35.7 por ciento del total del parque vehícular, que al cierre del año pasado ascendía a 50.3 millones de vehículos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el acto protocolario firmado en Ensenada, Baja California, frente al gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que como ejemplo, sólo en esa entidad circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, de ahí la importancia del decreto.
“Sólo por dar un ejemplo, del primero de noviembre del 2019 al 30 de agosto de 2020 en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78 por ciento de los cuales son de origen extranjero e irregulares. De ahí la importancia de avanzar en la regularización para que dejen de estar en el anonimato estos vehículos y puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia”, dijo frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De la misma manera, aseguró que la medida en la que trabajan las secretarías de Gobernación, Economía, Hacienda y Seguridad y Protección Ciudadana, aplica para automotores que hasta hoy están en el territorio nacional, específicamente en los siete estados que abarca la frontera norte.
Para ello, sostuvo, las dependencias federales involucradas trabajan en un programa que abarcará a municipios de Baja California Baja California Sur, Chihuahua, Sonora Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
No obstante, para la industria automotriz, las reglas de operación para implementar la regularización de los autos chocolate no están claras, por lo que la AMDA urgió al Gobierno federal a instrumentar de inmediato políticas públicas que solucionen de raíz el contrabando automotriz.
Por esto la AMDA solicitó que se desarrolle un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público; y tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos y erradicar la corrupción en las aduanas.
Solicitó que se tenga tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos, pues señaló que es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los autos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.
Añadió que se debe dar estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz y así eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales.
Además solicitó la creación de un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental entre los tres órdenes de gobierno y la Iniciativa Privada.
Añadió que es imperativo refundar el Registro Público Vehicular (Repuve) para que se le otorgue facultades plenas para ordenar el registro vehicular.