Los sectores empresarial y patronal rechazaron nuevamente la reforma eléctrica planteada por el Gobierno, pues afirman que está basada en “ideología y manipulación” lo que la hace inaceptable; además, rechazaron las declaraciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto a que la IP no paga tarifas justas de energía.
Manuel Bartlett, director general de la CFE, acusó la semana pasada que las grandes empresas no pagan las tarifas justas de energía, lo que perjudica a la empresa del Estado; sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reviró al señalar que con estas declaraciones, es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en México “está en grave riesgo”.
Bartlett aseguró que con la aprobación de la reforma eléctrica el Estado retomará el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante la cancelación de contratos sin indemnizaciones.
Sostuvo que el país está plagado de monopolios privados, principalmente por los mecanismos de autoabasto e independientes, los cuales calificó como “instrumentos falsos de atraco” y añadió que si el CCE es uno de los organismos más frontales a esta reforma es porque “son dueños de esos que no pagan”.
“El presidente (del CCE) es uno de esos dueños o es un empleado de los que no pagan, entonces es claro que van a estar defendiendo que esto no es cierto”, dijo el viernes el director de la CFE.
El organismo que preside Carlos Salazar Lomelín, refirió que los ciudadanos buscan impedir que desde el Gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga o que cualquier ciudadano que considere que una ley no le favorece, la desconozca.
En este mismo sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enfatizó que es falso que la Iniciativa Privada no pague las tarifas justas por la electricidad, además, dijo, los privados sí invierten en el sector eléctrico.
José Medina Mora, presidente de la Coparmex, manifestó que las “imputaciones irresponsables” en contra del sector privado no abonan al crecimiento del país y al interés común de impulsar el avance de la industria eléctrica, particularmente de la CFE, en condiciones de justicia, donde se respete el Estado de derecho y se promueva la libre competencia.
“Los empresarios de México hemos actuado en el marco de la ley, hemos invertido y confiado en nuestra nación para contribuir a la generación de energías limpias, que para los usuarios finales sean más baratas y menos contaminantes, pues hasta hoy, nuestro marco regulatorio lo permite”, aseguró.
En esto coincidió el CCE, que resaltó que el propio Estado de derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en el sistema constitucional. “El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida”, aseveró.
NECESARIA LA INVERSIÓN PRIVADA. En otro momento, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) explicó que para que el precio de la energía en el país sea más barato es necesario que se permita la inversión privada, ya que el Gobierno no tiene actualmente recursos para desarrollar el sector bajo la demanda que se tiene.
Asimismo, Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, agregó que el país persiste la narrativa negativa hacia el sector privado por parte de la actual administración, como si fueran “los enemigos del país”, cuando es lo contrario.
Precisó que ser soberanos no implica que el Gobierno tenga que asumir el control de todos los sectores, porque, por experiencia internacional, cuando esto sucede se hacen menos eficientes las actividades productivas y por ende se afecta la competitividad.
