La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados del acuerdo por el que se considera de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre pasado.
El organismo señaló que el acuerdo otorga trato preferencial a una amplia gama de proyectos a cargo del Gobierno Federal que, conforme al mismo, califiquen como de interés público y seguridad nacional.
Lo anterior, en razón de que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal –de manera inconsistente con las leyes aplicables en diversas materias– a otorgarles una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de 5 días hábiles.
En caso de no ser emitida, agregó, establece como consecuencia la afirmativa ficta, sin que ello en todos los casos esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público.
“Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos”, alertó la Cofece.
Precisó que el hecho de que, conforme al acuerdo, un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación, conforme a diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación, consideró en un comunicado.
Estimó que las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable.
La Cofece reafirmó su compromiso de mantenerse vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.
ANR
