30 de septiembre

Reforma eléctrica confronta al Gobierno y la IP

Industriales aseguran que iniciativa va a afectar al país; afirman que como está redactada, atenta contra el T-MEC

Dentro de las justificaciones para aprobar esta iniciativa, Manuel Bartlett, director de la CFE aseguró que está el quitar el “beneficio” a la IP que les otorgó la reforma de EPN, como el no pagar la luz.
Dentro de las justificaciones para aprobar esta iniciativa, Manuel Bartlett, director de la CFE aseguró que está el quitar el “beneficio” a la IP que les otorgó la reforma de EPN, como el no pagar la luz. Foto: Cuartoscuro

El 30 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso la iniciativa de Reforma Constitucional en materia eléctrica que confrontó al Gobierno con la Iniciativa Privada, pues asegura que más que beneficiar, afectará al país.

José abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló a La Razón que la reforma no le gusta a nadie, por lo cual han estado muy activos trabajando en el parlamento abierto, con todos los partidos, para hacer entender que esa iniciativa no va a beneficiar a México.

Señaló además que con esta iniciativa, no es sorpresa que Estados Unidos haya anunciado los incentivos fiscales a la electromovilidad, pues asegura que la reforma mexicana estaría atentando contra el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Con todos hemos trabajado para hacer entender que esta reforma no va a a beneficiar a México. No se necesita una reforma completa para analizar los tema que pudieran tener como área de oportunidad, (buscamos) hacer entender a los legisladores que esto afectaría a México y además estaría etentando contra el T-MEC”, destacó Abugaber.

De acuerdo con la consultora Deloitte, la reforma que se aplazó para 2022, propone que todas las actividades de la cadena de valor del sector se cataloguen como “estratégicas” para la Nación, con lo cual, la generación y comercialización volverían a ser responsabilidad de la CFE; y que el Estado esté obligado a la generación mínima de 54 por ciento de la electricidad del país y el sector privado solo podría generar un máximo de 46 por ciento.