A partir de este 2022, y con el fin de prevenir el lavado de dinero, es obligación de las personas morales informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a la identidad de sus “beneficiarios controladores” —socios y accionistas—; es decir, de todas aquellas personas que se beneficien monetariamente de las actividades económicas de otra persona moral o física.
Al respecto, la vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Silvia Rosa Matus de la Cruz, explicó que las nuevas modificaciones al código fiscal para este año, indican que las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los “beneficiarios controladores”.
Señaló que las sanciones económicas por incumplir en algún punto de esta nueva disposición van desde los 500 mil pesos, hasta los 2 millones de pesos por cada “beneficiario controlador”, con lo que el Servicio de Administración Trinitaria (SAT) busca detectar y por ende, disminuir, las transacciones y operaciones de lavado de dinero.
Matus de la Cruz indicó que, de acuerdo a la nueva normatividad, las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los “beneficiarios controladores”, al indicar los porcentajes de participación en el capital de la persona moral.
Agregó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá contar con acceso oportuno a la información relativa a los beneficiarios controladores en el momento que lo requiera y lo hará a través de una solicitud de información.
De acuerdo a un análisis de la firma LexisNexis Risk Solutions, en 2021 el costo anual de las instituciones financieras en México, relativo al cumplimiento contra los delitos financieros, pudo llegar a los mil millones de dólares; en 2020 fue de 900 millones de dólares y en el 2019 de 710 millones de dólares.
El beneficiario controlador debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que se beneficien económicamente de una figura jurídica, dicho control se puede ejercer teniendo un porcentaje de las acciones.
